El Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional para impugnar el tope salarial con base en las percepciones del presidente de la República, así como por el recorte que le aplicó la Cámara de Diputados para este año por 1,071 millones de pesos.

El recurso de control constitucional fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien previamente admitió los recursos de controversia que interpusieron el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también en lo referente al salario del primer mandatario, y a los que la ministra les negó la suspensión.

En este contexto, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, presentó desde el 2 de enero un recurso de amparo para impugnar el posible procedimiento de responsabilidad que pudiera entablarse en su contra por la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo, al pagar salarios superiores a los establecidos en el paquete presupuestal.

La jueza Ana Luisa Priego, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, le concedió el pasado 21 de enero la suspensión provisional al funcionario electoral.

Así, la controversia del INE hace referencia a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la cual fue reformada el año pasado por el Congreso para establecer que el salario que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador debe servir de tope para fijar los sueldos del resto de los funcionarios de la Administración Pública Federal y, en ningún caso, podrán ser mayores a ese sueldo.

La misma controversia interpuesta por el INE también solicita a los ministros de la Suprema Corte que declaren inválido el reajuste presupuestal que aprobó la Cámara de Diputados que, en el caso de ese instituto, contempla una reducción de 1,071 millones de pesos a su presupuesto de este año.

Cabe destacar que, para mantener los salarios superiores al del presidente este año, el INE se apoyó del artículo 127 de la Constitución que permite que funcionarios en cargos de alta especialidad perciban hasta 50% más que el presidente, por lo que autorizó salarios superiores a 1.7 millones de pesos anuales para los consejeros, secretario ejecutivo, directores y titulares de unidad.

El contralor interno del INE, Jesús George Zamora, anunció el pasado 16 de enero que iniciaría una “investigación” sobre posibles responsabilidades de los consejeros electorales por su sueldo.

Hasta ahora, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es el único órgano autónomo que ha conseguido una suspensión en la Suprema Corte para que algunos de sus funcionarios mantengan en el 2020 ingresos superiores al titular del Ejecutivo federal.

Para este año, el Instituto Nacional Electoral ofrece a 144 funcionarios percepciones superiores al del presidente de la República, lo que incluye a los 11 consejeros, quienes tienen un salario de 262,634 pesos mensuales brutos y 178,324 pesos netos.

El 3 de mayo del 2019, el Tribunal Electoral Federal resolvió desechar el recurso de impugnación que interpuso el consejero del INE, Benito Nacif, también contra el Presupuesto de Egresos de ese año, por la reducción de su salario.

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