Con el argumento de que la corrupción es el principal problema de México y que tiene consecuencias importantes para la economía, pues no sólo es inhibidora de la inversión, sino que genera pérdidas de hasta 9% del Producto Interno Bruto, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha implementado una estrategia electoral con el objetivo de capitalizar el enojo social respecto de ese fenómeno.

Constantemente, ha manifestado que, aunque no hace milagros, si llega a ser presidente de la República, terminará con ese problema que se ha incrementado de manera alarmante en los últimos cinco años, del que los partidos políticos tradicionales han hecho una práctica normal y del que los corruptos gozan de impunidad y de protección gubernamental.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia ha centrado el discurso de campaña camino a la Presidencia de la República en el combate a la corrupción y es justo a través de este problema que el abanderado de Morena-PT-PES ha buscado diferenciarse de sus adversarios, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, de quienes ha señalado que están manchados o son tapaderas de actos corruptos.

De Anaya, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México ha asegurado que está manchado de corrupción, luego de que el abanderado panista fuera vinculado, presuntamente, al delito de lavado de dinero. “Le diría a los machuchones que cambien al del PAN (Ricardo Anaya), porque está manchado de corrupción y seguramente van a salir más cosas, entonces podrían cambiarlo todavía al del PAN, ahí está Diego Fernández de Cevallos, es mejor el maestro que el alumno”, expuso.

Mientras que a José Antonio Meade lo acusó de haber tapado, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desvíos de 250 millones de pesos del gobierno de Chihuahua al PRI.

 

Señalan sus malas compañías y absoluciones

El político tabasqueño también ha sido criticado por el tema de la corrupción. Sus adversarios políticos han asegurado que, a pesar de que López Obrador intenta hacer creer a los ciudadanos que su bandera es el combate a la corrupción, él se rodea de corruptos y muestra de ello es que ha aceptado en su partido a íconos de la corrupción y que los ha incluido en la lista de candidatos plurinominales al Senado de la República.

“Todo el que está en el PRI, pero se arrepiente de todo lo que hizo mal y decide pasarse a Morena, puede ser perdonado. Al momento que se sale del PRI se limpió”, señaló López Obrador en un mitin realizado en Villahermosa.

El candidato Ricardo Anaya, incluso, cuestionó ¿creen que un hombre honesto puede estar rodeado de la gente más corrupta?”, ello al asegurar que José Luis Pech y Marybel Villegas, excolaboradores de Roberto Borge, se sumaron a Morena.

Mientras que el abanderado José Antonio Meade aseveró: “Corrupción es el que vive en efectivo para no pagar impuestos y ocultar sus ingresos. ¿Esa corrupción a dónde se va ir? Corrupción es Andrés Manuel López Obrador”.

Y es que, en el lugar número seis de la lista de candidatos al senado de la República, se incluyó al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, acusado de desviar 55 millones de dólares de su organización gremial hacia sus cuentas personales. Esa nominación propició que tacharan de “una locura” que intente combatir a la corrupción, postulando perfiles como ése o el de Nestora Salgado.

Pero los señalamientos no sólo son por sus candidatos, sino también por el supuesto acercamiento de la otrora lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, con Morena. A finales de enero, el nieto de la maestra, René Fujiwara Montelongo, anunció su adhesión al proyecto encabezado por el político tabasqueño y, días atrás, lo hizo el yerno de Gordillo Morales, Fernando González Sánchez.

 

Las escaleras se barren de arriba a abajo

Aunque el problema de la corrupción es sistémico y tomará generaciones erradicarlo, López Obrador ha repetido distintas ocasiones que él terminará con éste, porque encabezará un gobierno honesto. Así lo establece en su Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, en donde plantea: “Erradicar la corrupción depende, en gran medida, de la voluntad política y la capacidad de decisión del titular del Ejecutivo y de la autoridad moral de los gobernantes. Si el presidente es honesto, ese recto proceder tendrá que ser secundado por los demás servidores públicos”.

En ese proyecto, se explica que la corrupción es uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana, que es la causa principal de la desigualdad social y económica que prevalece en México, por lo que proponen no sólo reducirla, sino erradicarla por completo.

Como parte de la solución al problema, propone reformar el artículo 108 de la Constitución para eliminar el fuero al presidente para que pueda ser juzgado, al igual que otros altos funcionarios públicos, por el delito de corrupción; ciudadanizar y otorgar autonomía total de los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia; reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar la figura de “acción penal por particulares”, de manera que cualquier persona física o moral pueda ejercer acción penal sobre delitos de esa índole.

Además, presentó las ternas de las que saldrían los titulares de la fiscalía general, fiscalía anticorrupción y fiscalía delitos electorales. Para la primera, propuso a Bernardo Bátiz, a Eva Verónica de Gyves y a Juan Luis González Alcántara Carranza. Para la fiscalía anticorrupción, a María de la Luz Mijangos, Diana Álvarez Maury y a Ricardo Peralta y para la de delitos electorales a María Estela Ríos, Ernestina Godoy y José Agustín Ortiz.

El político de Macuspana ha asegurado que no se trata de venganza, sino de acabar con la corrupción e impunidad que tanto daño han causado a México.

“Vamos a barrer de corrupción el gobierno, como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Vamos a moralizar a México”.

 

Propuestas para combatir la corrupción

De acuerdo con el Programa Alternativo de Nación 2018-2024, algunas acciones a implementar para combatir la corrupción serán:

  • Vigilar estrictamente a cualquier actor privado que realice tareas gubernamentales o reciba recursos públicos.
  • Establecer tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión.
  • Elaborar padrón público de contratistas sancionados o incumplidos.
  • Impulsar Ley federal de combate de conflictos de interés, dándole total autonomía y ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia.
  • Fomentar colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales.
  • Endurecer controles del sistema bancario sobre lavado de dinero.
  • Investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasma.

Fortalecer el hábito de la honestidad, poniéndola en el centro del debate público y aplicarla como principio básico para la regeneración nacional.

  • Eliminar el fuero al presidente.
  • Hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todos los servidores públicos.
  • Promover reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar la figura de “acción penal por particulares”, de manera que cualquier persona física o moral pueda ejercer acción penal sobre delitos por hechos de corrupción.
  • Transparencia total para que cada peso público sea monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real.

lidia.arista@eleconomista.mx