La Unidad de Comunicación Social de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), adscrito como un órgano técnico a la Secretaría de Salud, rechazó una supuesta simulación de contratos en la renta del inmueble ubicado en Oklahoma 14, colonia Nápoles, como publicó El Economista.

En el documento de ocho párrafos de la dependencia se expone que: La Cofepris rechaza totalmente la supuesta simulación de contratos en la renta del inmueble ubicado en Oklahoma 14; desconoce presuntas denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cualquiera de los hechos imputados .

Sobre este punto, la fuente federal que reportó estos hechos indicó que están asentados en acta circunstanciada por presuntos delitos de carácter federal, realizados por servidores públicos, y por lo que la Subprocuraduría está por determinar enviar a la Función Pública u otra instancia, ante el anuncio presidencial de crear una fiscalía anticorrupción.

La postura de la Cofepris es que la renta del inmueble se realizó con total apego al marco jurídico y absoluta transparencia; es totalmente falso que la Cofepris haya celebrado un contrato de arrendamiento con la empresa Diproca o cualquiera de sus divisiones.

El inmueble mencionado es la nueva sede de la Cofepris, el cual fue inaugurado el pasado 16 de noviembre y tiene una ocupación a 100% de su capacidad; la Cofepris es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, administrativa y operativa, que cuenta con capacidad para celebrar contratos con fundamento en el artículo 38 fracción V del reglamento interior de la Secretaría de Salud .

Por último, sustenta que en relación con los contratos COFEPRIS-195-11 y COFEPRIS-293-11 celebrados con Fonatur el año pasado, se aclara que éstos nada tienen que ver con la renta del inmueble en cuestión .

Lo que no consigna la aclaración de la Cofepris es que los contratos mencionados en la nota referida se realizaron con pagos de 2 millones 190,474 pesos mensuales hasta abril del 2012 y que por ello se erogó un total de más de 12 millones de pesos, datos que se encuentra en poder del Ministerio Público de la Federación.

rtorres@eleconomista.mx