En México, entre diciembre del 2006 y diciembre del 2014, la población recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en 1,200%, reveló un estudio lanzado por el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD), del que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus iniciales en inglés) forma parte.

A la vez, 60% de las personas recluidas en los centros de readaptación social de nueve entidades federativas están recluidas por delitos relacionados con el cannabis.

En Colombia, este porcentaje casi se cuadriplicó en los últimos 14 años, aumentando de 6,263 personas en el 2000 a 23,141 en el 2014.

En Brasil, el número de personas encarceladas por delitos de drogas aumentó 320% entre el 2005 y el 2012, en contraste con un aumento de 51% de la población en general.

El CEDD destaca que del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por delitos de drogas no violentos ha aumentado a nivel regional.

Alejandro Corda, investigador del CEDD de Argentina, indica que en la mayoría de los países de América Latina estudiados, una de cada cinco personas en prisión está por delitos de drogas. Además, la población encarcelada por drogas en varios de esos países ha aumentado en mayor proporción que la población penitenciaria en general.

Pero eso no tiene ningún impacto en el negocio de las drogas dado que las personas en prisión por delitos de drogas son actores menores del tráfico , expresó.

Los informes fueron dados a conocer recientemente en la Cámara de Diputados por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia en Económicas (CIDE) durante el foro Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: los costos sociales de la política de drogas .

Al respecto, el diputado Vidal Llerenas expuso: En su conjunto los datos que se presentan muestran problemas como la feminización de los delitos de drogas, la criminalización y estigmatización de los jóvenes por la política de drogas y el importante costo social implícito en el uso del derecho penal y el encarcelamiento para atender el problema de las drogas .