En los últimos años, México se ha posicionado entre los países más peligrosos para periodistas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con un informe documentado del Comité Cerezo, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 17 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras que la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabiliza al menos 10 asesinatos de periodistas, con un nivel de mortalidad equivalente al de Siria.

Esta última organización también contabilizó que México acumula en solitario otros récords. En primer lugar, el mayor número de muertos en el 2019 en un país en paz: 10 en total, tantos como Siria, en guerra. En segundo lugar, la probabilidad de que los autores de estos asesinatos sean juzgados algún día es casi nula, ya que el país también se distingue por su tasa de impunidad de crímenes cometidos contra periodistas, que supera 90 por ciento.

En específico, ve con preocupación el asesinato de la periodista Norma Sarabia en Tabasco, que había reclamado sin éxito protección tras recibir amenazas por una serie de artículos sobre corrupción policial local, y el de su colega Francisco Romero Díaz, que se beneficiaba de las medidas de seguridad del mecanismo de protección federal y disponía de escolta y un “botón de pánico”. Son sintomáticos de la ineficiencia de las autoridades mexicanas a la hora de frenar esta espiral de violencia contra la prensa, se consideró.

Por lo anterior, y ante la tasa de impunidad por los crímenes cometidos contra los periodistas que supera 90%, RSF ha apelado ante la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la impunidad de asesinatos y desapariciones de periodistas entre el 2006 y el 2018.

En el caso de los asesinatos de defensores, la organización sólo consideró los de orden extrajudicial que fueron cometidos por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que los activistas estaban realizando y en que los perpetradores fueron agentes de Estado.

Aunque estos casos de ejecuciones extrajudiciales muestran una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN), incluso la cifra es menor desde el año 2011.

Los estados que concentran la mitad de todas las ejecuciones extrajudiciales del primer año de gobierno de AMLO son Chiapas y Oaxaca, con cinco y cuatro ejecuciones extrajudiciales, respectivamente; Veracruz y Guerrero tienen dos casos cada uno; y un sólo caso en Morelos, Hidalgo, Edomex y BCS.

Mientras que los derechos que defendían los activistas víctimas se refieren a la defensa del territorio, en este rubro están el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio, así como a luchar en contra de megaproyectos que afectan la vida digna de las comunidades en resistencia.

[email protected]