En relación con el reporte especial “Transición eléctrica, a la deriva”, publicado por El Economista  el 24 de noviembre de 2021, me permito hacer los siguientes comentarios. 

El reporte especial intenta informar a los lectores sobre uno de los temas más importantes para México en la actualidad, pero lo hace con una perspectiva sesgada donde hay solamente un punto de vista, el de aquellos que están en contra de la reforma eléctrica. 

En el texto de Karol García (“Entre ideología y señalamientos, gobierno dará la batalla e iniciativa eléctrica”) se dice que los cambios de la reforma “provocarían costos de alrededor de 85,000 millones de dólares en daños potenciales y compensación a privados, y afectarían la perspectiva macroeconómica de México que resultaría en la pérdida del grado de inversión del país, como señaló Citibanamex”. 

La reforma de 2013 pretendía desintegrar a la CFE en un mercado desigual e injusto. Por otra parte, el 46% de la generación que quedará en manos de privados representa un mercado mayor que el de Argentina, Chile, Colombia o Perú, tomando en cuenta el número de usuarios. Con la reforma no se perderán las inversiones privadas, ya que se pueden hacer contratos con la CFE derivados de procesos competitivos, en los que al mismo tiempo que se aseguran las mejores condiciones para el Estado, los privados podrán recuperar sus costos y generar ganancias. La idea es iniciar un nuevo modelo donde todos ganen, principalmente los usuarios finales. 

En la infografía que acompaña ese texto se dice que el impacto de la reforma será “la desaparición del régimen de autoabasto eléctrico”. No es así. El autoabasto seguirá funcionando: quedan fuera las sociedades ilegales para transmitir y distribuir la energía sin pagar. Más adelante en esa misma infografía se menciona que “la electricidad que se despache primero ya no será necesariamente la más barata ni la más limpia [...] lo que presionaría tarifas al alza”. La información está incompleta.

Debido a la reforma de 2013 aunque entran primero al despacho las energías más baratas, al final del día se les paga lo mismo que la última tarifa: la más cara. En este esquema el usuario es la figura más perjudicada. La reforma eléctrica planea acabar con ese despropósito. 

En el texto de Octavio Amador (“En riesgo, cambios que oxigenaron a la CFE”) se reconoce que la reforma de 2013 sacó del mercado a algunas centrales de CFE. Queremos agregar que el mercado ha provocado que no se paguen los costos totales de generación a las centrales, que deben estar disponibles por seguridad y confiabilidad del sistema. Estas centrales se despachan cuando el sistema las necesita y no les son retribuidos los beneficios que aportan, ni el desgaste al que son sometidas. 

La reforma provocó que —por las reglas de despacho— algunas centrales que operan con gas (que, por cierto, no es la energía más sucia ni cara, como se señala) generen por debajo de su capacidad.

En el texto “Renovables, en jaque por reforma eléctrica”, de Karol García, se dice que el presidente “mantiene su política de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estableciendo su  preponderancia del 54% de la generación de energía sin importar la tecnología que utilice o si se postergan los objetivos de transición energética y acuerdos internacionales en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de la producción de electricidad”. 

Este párrafo sintetiza lo que han hecho muchos medios: difundir información falsa sin ninguna ética. La reforma no posterga la transición energética. La transición energética no es una cosa de simple voluntad: se necesitan estudios tecnológicos, científicos, sociales, económicos para conocer las mejores alternativas para México. La CFE se encuentra actualmente haciendo estas investigaciones para presentar una propuesta planificada que beneficie a todos los mexicanos.

Además, la nota no menciona que de 157 centrales generadoras de energía de la CFE, 69 son de energía limpia, las cuales participan con poco más del 30% de capacidad de energía eléctrica.

Tampoco describe los planes de la rehabilitación y modernización de 12 hidroeléctricas ni el proyecto fotovoltaico en Puerto Peñasco, que beneficiará directamente a 4 millones de personas en Sonora y Baja California. La CFE solamente cuenta con tres plantas que operan con carbón y no se planea construir ni una más. 

En la nota “Impuestos fronterizos a emisiones de carbones, nuevo freno para energías sucias”, de Roberto Morales, se reitera que de aprobarse la reforma se “podría reducir el crecimiento de la producción privada de energía limpia”. La insistencia sin sustento es malintencionada y desinforma a los lectores: para septiembre de 2021 la generación de energía limpia representa un 27% de participación total, con solo el 8% de diferencia para alcanzar el 35%. Con la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas, la central fotovoltaica puerto peñasco, la siguiente fase de la central geotermoeléctrica Humeros, y la certificación de la central de Cogeneración Salamanca como energía limpia llegaremos a la meta en 2024. Actualmente el 55% de la inyección de energía limpia del país es generada por CFE. Asimismo, dentro del 46% de la generación contemplada para los privados habrá una buena parte de energía limpia. 

Apelando al derecho de réplica que constitucionalmente nos asiste, le solicito tenga a bien publicar esta carta aclaratoria.

Luis Bravo Navarro, coordinador de ComunicaciónCorporativa de CFE