El gobierno federal reconoció que la gobernabilidad del país depende de la consolidación del Sistema de Justicia Penal. Aceptó que persisten retos, como la falta de capacitación de los operadores del sistema, aunque garantizó el seguimiento para corregir las fallas.

Entrevistado por El Economista, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, afirmó que es un compromiso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, impulsar la consolidación del sistema para lograr juicios que castiguen a culpables y no a inocentes.

Peralta Saucedo admitió que sigue siendo un reto la capacitación de los operadores del Sistema de Justicia, principalmente los elementos de la recién creada Guardia Nacional.

“No podemos decir que todos los operadores jurídicos del sistema se encuentran plenamente capacitados, son operadores que tienen que mantener esa capacitación, abogados litigantes, agentes del Ministerio Público, jueces locales, jueces federales, policías, auxiliares de Ministerio Público, peritos y todas aquellas figuras que hoy tenemos como la Guardia Nacional, que tendrán que integrarse a la gran capacitación para que el Sistema de Justicia Penal y adversarial no sólo siga implementándose como hasta ahora, sino que vaya perfeccionando los resultados de justicia que buscamos en el país”, aseveró.

Destacó que el reto de consolidar el sistema no sólo es tarea del gobierno, sino también de la sociedad, ya que los ciudadanos deben conocer —dijo— las nuevas reglas, procesos, tiempos, tipos de delitos, acceso a la justicia y reparación del daño a la que tienen derecho con el nuevo sistema.

“El sistema de justicia penal, oral y adversarial no solamente fue un acierto en el pasado, se tiene que ir perfeccionando, porque es relativamente joven en la vida jurídica de nuestro país; sin embargo, no es solamente responsabilidad de un gobierno, solamente del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, es una responsabilidad de la sociedad entera, me refiero a los abogados litigantes, a mantener una capacitación activa.

“Sin embargo, forma parte del interés del gobierno que la justicia que se aplique en nuestro país sea expedita, sea gratuita, que llegue a todos los mexicanos, que todos tengan derecho a un juicio justo, a un procedimiento legal y que bajo ninguna circunstancia se presenten a hechos de corrupción donde la justicia se convierta en una mercancía. Es un tema de gobernabilidad”, comentó.

“Presos políticos”

El subsecretario Ricardo Peralta expuso que el nuevo catálogo de delitos penales que merecen prisión preventiva oficiosa (como la portación de armas prohibidas), que fue aprobado por el Congreso, también ayudará a la consolidación de la justicia, ya que la reforma constitucional prohíbe a las legislaturas de los estados crear sanciones diferentes a la prevista por la ley federal.

El funcionario detalló que en paralelo a la consolidación del sistema, la Secretaría de Gobernación trabaja en lograr la justicia y libertad para personas que se encuentran presas sin haber cometido un delito, o bien, por no tener posibilidad de recurrir a un abogado, o ser presos políticos.

“No sólo está implementado, es vigente el Sistema de Justicia Adversarial en todo el territorio nacional, y ahora tenemos un reto extraordinario, que es el de tener un código penal nacional. Hay una unidad aquí en Gobernación, que es para la consolidación del sistema de justicia, tiene el objetivo primordial no sólo de que se conozca el propio sistema, sino de que se siga capacitando a los operadores.

“El objetivo primordial es la justicia, es que la gente no perciba que con el propio sistema, la justicia no está llegando a todos los estratos de la sociedad; donde no existan personas privadas de su libertad sin tener una sentencia”, mencionó.

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