Típico de la temporada electoral que todos los candidatos a cargos de elección buscan un leitmotiv para su campaña. Que si el desarrollo económico, que si la renovación moral, que si el combate a la inseguridad, algo que los distinga del resto. Pero, en el 2018, todos los candidatos presidenciales parecen compartir el mismo tema: el combate a la corrupción, aunque no queda claro cómo pretenden combatirla.

Andrés Manuel López Obrador parece creer que su presencia al frente del Poder Ejecutivo por sí misma podrá, con la cooperación de todos, evitar la corrupción. Pregunta, ¿la corrupción es una situación exclusivamente personal? Según López Obrador, la corrupción “se da de arriba para abajo, depende mucho del proceder del presidente de la República; si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos y los presidentes municipales también (...) Para hablar con claridad, no hay ningún negocio ilegal, ilícito, lucrativo, ninguna transa que se haga sin el visto bueno del presidente y en los estados se repite la misma dinámica”.

Esto lo dijo el martes 6 de marzo en Guadalajara, durante una reunión con integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. También señaló que, al reducirse la corrupción, se recuperaría 20% del presupuesto nacional. ¿Será?

De lo dicho por el Peje, se infiere que cree que la corrupción es un tema personal. Pero la verdad es que la corrupción es un asunto social y cultural. En eso, Enrique Peña Nieto tiene razón: la corrupción es parte de la estructura cultural y, si me apuran, las evidencias científicas señalan a que es parte de la naturaleza humana sacar ventaja de las situaciones en las que es posible hacerlo impunemente.

El investigador Tetsuro Matsuzawa, de la Universidad de Kyoto, al experimentar con chimpancés en los años 90, encontró que el engaño, el robo, la manipulación, el chantaje y la corrupción son estrategias utilizadas para obtener ventajas.

Es decir, se trata de una conducta que no sólo está presente en el homo sapiens. Matsuzawa también observó que un chimpancé, testigo de la fechoría de otro congénere, se hacía el loco si el segundo era un macho dominante. Esta última parte sí parece convalidar la presunción del líder de Morena de que si la cabeza es corrupta lo será el resto. Pero esta segunda no ocurre sin la primera sin que exista un patrón social, por tanto, no se sostiene por sí misma. Dicho de otro modo, la cabeza ni la base serían corruptas si el sistema mismo no lo fuese.

López Obrador ha señalado desde hace décadas el tema de la corrupción. Sin duda, tiene razón, pero falta el remedio, el palito y que nos diga cómo es que ha podido mantener a su familia los últimos 12 años, pero ya en serio. ¡Ah! Y también que nos cuente cómo estuvo el financiamiento de los segundos pisos. De paso, que también sus colaboradores, léase Marcelo Ebrard, nos expliquen (con el concurso de Felipe Calderón, porque también hubo recursos federales de por medio) cuánto se gastó y por qué la Línea dorada no funciona como debe.

Meade ha prometido ser implacable

En su largo andar por la administración pública federal, a José Antonio Meade no se le conoce ninguna cosa rara en lo personal. El problema es que ha dejado pasar y ha sido testigo de varias tropelías, aunque jura y perjura que no.

Por eso, cuando habla de corrupción y apunta el dedo flamígero a sus contrincantes, hay que recordarle que lo mismo peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Por lo pronto, en su toma de protesta dijo que, de ganar la Presidencia de la República, será implacable contra la corrupción. ¿Por qué no lo fue antes? El buen juez por su casa empieza. Ya el PRI instauró una Comisión de Ética, supuestamente encaminada a despojar de sus derechos partidistas a los exgobernadores que están en la cárcel (como Javier Duarte el de Veracruz y Roberto Borge de Quintana Roo), a los que la PGR busca “con ahínco”, como César Duarte, el de Chihuahua y los que están en capilla, como el inefable Roberto Sandoval de Nayarit.

El problema real es la sospecha casi confirmada de los actos de corrupción que se cierne sobre el actual gobierno. Por más que quiera, Meade no puede deslindarse absolutamente de la estafa maestra, de las múltiples acusaciones a diversos funcionarios peñistas por desvío de recursos o incurrir en conflicto de interés. Los ejemplos sobran, desde las dádivas de Odebrecht para asegurarse las licitaciones de obra pública hasta la Casa Blanca, pasando por una cantidad de recursos públicos nada despreciable, desviados de su función original y destinados a la negociación electoral.

Lo peor es que hasta la tesis de licenciatura del presidente Peña ha sido cuestionada por el plagio de párrafos enteros sin la correspondiente cita. José Antonio Meade la tiene francamente difícil en el tema de corrupción. Carga con los negativos de la administración peñista y, habiendo sido parte de ella, el que ahora se dé baños de pureza resulta lastimoso.

¿Y Anaya?

Pasemos al hoy más vapuleado. Ricardo Anaya ha sido acusado de lavado de dinero o casi. No hay acusación precisa, pero la PGR, con evidente sesgo partidista, relaciona a Anaya con Manuel Barreiro, al que se acusa de lavado de dinero para beneficiar al candidato del Frente.

El problema es que Anaya no ha explicado fehacientemente al gran público qué pasó con el predio y la nave industrial. Pudo haber triplicado el valor de la inversión por el cambio de paridad entre el peso y el dólar, sin que ello implicase lavado de dinero. Si todo el negocio ha sido lícito, ¿por qué Anaya no se defiende con argumentos lógicos y pruebas sólidas? La principal evidencia de la PGR era la investigación efectuada a Barreiro, pero, como para variar, el Ministerio Público no ha cuidado el debido proceso. Así, la defensa de Barreiro logró que un juez federal prohibiera aprehender a Barreiro o judicializar la carpeta de investigación.

Esto tiene vigencia hasta el 14 de marzo. Habrá que ver qué pasa. Curiosamente, la decisión del juez fue tomada después de que Anaya dijera que siete de cada 10 contratos del gobierno federal se asignaron por adjudicación directa, es decir, no hubo competencia entre las diversas opciones de empresas proveedoras y de que advirtiera que va a consolidar una fiscalía autónoma y apartidista, junto con una comisión de la verdad con asistencia internacional, para investigar los señalamientos de corrupción del gobierno del presidente. Como en Guatemala, con sus luces y sus sombras. Para rematar, dijo que metería a la cárcel a Peña Nieto si se le hallaba culpable de corrupción y pidió investigar a Felipe Calderón por la Estela de Luz y los gastos del Bicentenario. Aquí quien no cae resbala.

Ninguno de los candidatos, ni siquiera los independientes, se hallan libres de acusaciones por corrupción. En todo caso, las promesas para combatir la corrupción no sólo tendrían que estar cimentadas por un sólido aparato legal, sino con el genuino interés de lograr un cambio cultural en donde la probidad sea un valor que supere la recompensa social que encumbra a la transa.