Con 16 votos, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que expide la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, mismo que fue turnado a la Mesa Directiva.

El dictamen sienta las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, establece las acciones de los tres órdenes de gobierno para acercar mecanismos de solución de conflictos, así como trámites y servicios a poblaciones alejadas, de difícil acceso y zonas marginadas.

También se plantea que a partir de la entrada en vigor de este decreto, “los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán adecuar la organización y el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia cívica a lo previsto en esta Ley, en un plazo que no podrá exceder de 90 días”.

Esta legislación se procesa con base en la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, la cual facultó al Congreso de la Unión a expedirla, y surge de una iniciativa que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre del 2017.

En la exposición de motivos, se señaló que la justicia cívica tiene un papel fundamental en el mantenimiento del orden y la tranquilidad en una sociedad, pues faculta a las autoridades más cercanas a los ciudadanos a actuar de manera inmediata, ágil y sin formalismos innecesarios ante los conflictos que se presentan.

Agregó que para que el fomento de la cultura cívica sea efectivo y la justicia en esa materia sea eficaz, es necesario homologar los principios y bases que darán contenido a las políticas públicas y guiarán el desarrollo de la actuación de los juzgados en la materia.

Establece como principios, la difusión de la cultura cívica para la prevención de conflictos vecinales y comunales, la corresponsabilidad en la conservación del entorno social, el respeto a las libertades y derechos de los otros, la prevalencia del diálogo para la solución de conflictos y el fomento de la participación ciudadana para el fortalecimiento de una vida democrática, entre otros.

Cada municipio o demarcación territorial contará, al menos, con un juzgado cívico que opere de forma ininterrumpida para la atención de los conflictos de esa naturaleza, y se propone que las leyes de las entidades federativas en esa materia establezcan su propio catálogo de infracciones, atendiendo a su dinámica social particular.

Respecto a las jornadas de justicia itinerante, se establece que está a cargo de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y las autoridades deben implementar acciones y mecanismos para que llegue a poblaciones de difícil acceso y zonas marginadas.