La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones al gobierno de Morelos, a la Fiscalía General estatal y al Ayuntamiento de Cuautla por irregularidades en la inhumación de 119 cuerpos en las fosas de Tetelcingo.

La CNDH recomendó al gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, que recabe información de los terrenos que son utilizados como cementerios irregulares.

Recuerda que en marzo 119 cadáveres y diversas bolsas con restos humanos fueron inhumados irregularmente en dos fosas, también irregulares, en Tetelcingo, Cuautla, sin apego a los protocolos establecidos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran acciones para conocer las causas de muerte e identificación de los cadáveres.

Esto hizo nugatorio el derecho de los familiares de cuatro personas a recibir los restos. Pese a que identificaron los cuerpos y solicitaron su entrega, fueron inhumados sin su consentimiento.

Por ello, la CNDH pidió al gobierno de Graco Ramírez brindar la reparación integral del daño a los familiares de las cuatro víctimas identificadas, además de una indemnización justa.

A la Fiscalía General del estado le pidió solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la entidad que inscriba a los familiares directos de los cuatro cadáveres y ofrezca una disculpa pública por los hechos.

Asimismo, se le solicitó que colabore con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que se hará ante las instituciones correspondientes por las responsabilidades administrativas y penales en las que pudieron haber incurrido funcionarios de la fiscalía, incluidos los mandos superiores que autorizaron o toleraron esto.

Al Ayuntamiento de Cuautla le solicitó generar un reglamento para los cementerios, trabajar con el gobierno estatal sobre los posibles sitios de inhumación irregular y colaborar con la fiscalía para la exhumación e identificación de los cadáveres de las fosas de Tetelcingo.

En relación con los 119 cadáveres, la autoridad competente sólo hizo llegar a la CNDH 99 carpetas de investigación que presentaron irregularidades o deficiencias en su integración, pues en 44 casos se advierte indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, propiciando impunidad. En 15 no hay registro de necropsia de ley; sólo se identificó por su nombre a 21 cadáveres y 98 están pendientes de identificación, lo que se complicará por el indebido manejo de los cuerpos y la falta de condiciones adecuadas durante su inhumación y posterior exhumación , detalló la CNDH.

tania.rosas@eleconomista.mx