La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó al Estado mexicano la posibilidad de abrir el debate sobre la política de drogas vigente con la participación de la sociedad civil, y llamó la atención por el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en el país.

Ello, luego de que la sociedad civil organizada llevara ante el órgano principal de la Organización de Estados Americanos el reclamo sobre la estrategia de combate a las drogas a lo largo del territorio, emprendida desde el 2006.

La CIDH publicó recientemente su informe de labores sobre el 156 periodo ordinario de sesiones, celebrado en Washington DC, Estados Unidos, del 17 al 28 de octubre del 2015, en el que asienta que organismos de la sociedad civil organizada, quienes solicitaron audiencia, alegaron que bajo esta estrategia se habrían cometido violaciones a los derechos humanos por parte de diferentes elementos de seguridad del Estado en sus distintos niveles, entre las que indicaron detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos internos forzosos a causa de la violencia.

El Estado, por su parte, rechazó los señalamientos de los solicitantes, e indicó que en algunos casos de enfrentamientos armados en los que podrían haberse cometido excesos, éstos se encuentran siendo debidamente investigados y procesados.

La CIDH planteó al Estado la posibilidad de abrir el debate sobre la política de drogas vigente con la participación de la sociedad civil.

La comisión reportó asimismo que integrantes de organismos no gubernamentales expusieron, en audiencia solicitada, situaciones en las que las fuerzas de seguridad ejecutarían a civiles para posteriormente presentarlos como delincuentes que murieron en enfrentamientos.

Como ejemplo abordaron el índice de letalidad que mostraría que alrededor de 20 civiles fallece por cada elemento del Estado en enfrentamientos. Explicaron asimismo una serie de factores estructurales que fomentarían esta práctica, como el presunto encubrimiento, prácticas inadecuadas de investigación, la militarización de la seguridad pública y la presencia sistémica de impunidad.

El Estado, en contraste, afirmó que en México las fuerzas federales operan con base en protocolos; las causas penales se resuelven conforme a derecho, y la población confía en las fuerzas armadas, según algunas encuestas. Reconoció también la gravedad de lo sucedido en Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Calera y Ostula, afirmando que estos casos están siendo investigados por las autoridades competentes.

La comisión llamó la atención de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana para las cuales no están capacitadas y que corresponderían a la policía. También expresó su preocupación ante el alto índice de letalidad de las fuerzas armadas en el país.

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