Diputados de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales trabajan en la integración de un dictamen para crear la nueva Ley General de Aguas, mediante la cual se pretende cambiar la forma de gestionar el agua en el país.

De acuerdo con lo que establece el proyecto de dictamen que surgió de cuatro iniciativas presentadas por legisladores de la llamada Cuarta Transformación, se pretende establecer nuevas instancias, procedimientos y requisitos para el otorgamiento concesiones, asignaciones y derechos de acceso a ese recurso natural.

Contempla la creación de organismos de cuenca los cuales tendrán un papel fundamental en el otorgamiento de concesiones, asignaciones o derechos de acceso a ese recurso.

Ese ordenamiento sustituiría la Ley de Aguas Nacionales, promulgada en diciembre de 1992 y reformada en al menos ocho ocasiones.

De acuerdo con un documento de trabajo que analizan los integrantes de esas comisiones, se pretende crear un nuevo modelo de gestión sustentable de los recursos hídricos.

El proyecto de dictamen parte de la base de que la actual Ley de Aguas Nacionales “surge en el auge del neoliberalismo y actualmente representa la continuidad del modelo, donde se pone en inventario los recursos hídricos de la nación para ser gestionados en una lógica de mercado, a través de un sistema de concesiones con pocas responsabilidades para los usuarios sobre la sustentabilidad del agua”.

Además, señala que el actual marco legal resta capacidad a las autoridades para articularse, dar seguimiento y actuar efectivamente ante el incumplimiento de esas obligaciones mínimas.

Incluso señala que ha coadyuvado a una crisis hídrica que se expresa en una extracción intensiva, sobreconcesionamiento de los recursos y “prácticamente la contaminación total de los cuerpos de agua”.

El nuevo ordenamiento, en etapa previa a la integración de un dictamen para ser puesto a consideración del pleno, contempla facultades en la gestión del agua para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión en la materia, así como de “organismos de Cuenca” u Organizaciones de Gestión Comunitaria.

La Ley en construcción prevé que los títulos de concesión o asignación podrán expedirse sólo cuando el Organismo de Cuenca respectivo, hubiera evaluado una serie de requisitos que deberán cumplir los solicitantes.

En el caso de los títulos de concesiones de manejo especial y grandes, que amparan volúmenes iguales o mayores a 500,000 metros cúbicos al año, tendrán una vigencia mínima de dos años y máxima de cinco.

El artículo 83-VII señala: “En los usos industriales las concesiones serán otorgadas por Organismos de cuencas según lo establecido en el patrón de aprovechamiento correspondiente”.

De hecho, ese es el principal instrumento para el acceso equitativo y sustentable al agua como en cada uno de los Programas Hídricos Regionales, que deberán implementarse.

Este instrumento vinculante determinará los volúmenes anuales de aguas superficiales y subterráneas que podrán ser asignadas o concesionadas a qué titulares, para cuáles usos, así como sus puntos de extracción y las condicionantes para su uso y su descarga o reutilización.

El Patrón de Aprovechamiento será actualizado anualmente por el Consejo Regional, con base en la información generada por los procesos de monitoreo.

Contempla la creación de un Consejo Nacional de Aguas y Cuencas y organizaciones de gestión comunitaria del Agua.

En agosto pasado, el Consejo Consultivo del Agua manifestó su preocupación por los términos de las cuatro iniciativas en cuestión.

Planteó que, ninguno de los proyectos presentados va orientado a cumplir a cabalidad con el mandato derivado de la enmienda al artículo cuarto de la Constitución en el año 2012, donde se establece la obligación del Estado Mexicano de cumplir con el Derecho Humano al Agua Universal.

Destacó que “todavía tenemos en nuestro país cerca de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua y mucho más mexicanos que no cuentan con el servicio de saneamiento. Esto debería ser una prioridad y no lo es en las iniciativas”.

Desde su perspectiva trivializan la necesidad de contar con certeza jurídica para sostener el funcionamiento de la industria y del campo mexicano y limitan al mínimo la participación de la Conagua en lo relativo al otorgamiento y renovación de concesiones.

Además, debilitan la autoridad del Estado, creando una arquitectura institucional compleja que implicaría altos costos y crearía graves dificultades de coordinación.

diego.badillo@eleconomista.mx