Con el fin de reducir los riesgos de corrupción en las contrataciones que realiza el gobierno federal, organizaciones civiles e instituciones públicas plantearon la creación de una ley en la materia en la que se estipulen medidas como auditorías externas, dar seguimiento de contratos en tiempo real a través de una plataforma digital y sancionar a empresas que pacten contratos públicos.

La iniciativa de reforma que se denominó como Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es apoyada por la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa.

Una de las medidas que incluye la propuesta de norma, que fue enviada a la Cámara de Diputados para que pueda ser analizada, haría obligatoria la declaración de interés económico de una empresa que busque una licitación federal.