Ricardo Monreal Ávila propone establecer penas de 4 a 9 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores considera preciso realizar algunas modificaciones a la legislación penal secundaria, para armonizarla con la Constitución, en específico al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La exposición de motivos de la iniciativa del zacatecano detalla que el régimen transitorio de la reforma constitucional al Artículo 19 en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ordena al Congreso mexicano incluir en el artículo 167 del referido Código las nuevas conductas delictivas añadidas, entre otras el uso de programas sociales con fines electorales.

Además de que considera de gran relevancia modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, porque no incluye dicho delito.

“Las hipótesis delictivas que se contemplan en la ley mencionada que se relacionan con programas sociales prevén únicamente las conductas de condicionar o bien amenazar con suspender, más no refieren a su uso”, sostuvo.

Una de las formas en que se desplegó la corrupción fue, precisamente, a través del uso discrecional y sistemático de los recursos de los programas sociales para coaccionar al electorado, explicó.

“Es ineludible construir los tipos penales que sancionen tal conducta y en caso de que se actualice pueda ser ordenada la prisión preventiva oficiosa”, puntualizó.

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