A 11 años de que se publicó la reforma constitucional en justicia penal en México existen aún muchas brechas y rezagos para la consolidación de un sistema de justicia efectivo, alertó la organización México Evalúa.

De acuerdo con el informe Hallazgos 2018, el índice de impunidad federal —es decir, los casos que son conocidos pero no son resueltos por la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial Federal— fue de 94.6%; mientras que el índice estatal de impunidad fue de 96.1 por ciento. Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California son los estados con menores niveles de impunidad.

Mientras que Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Baja California Sur son los estados con los índices más elevados y una efectividad prácticamente nula en la resolución de asuntos.

En el caso de Querétaro, el estado ha tenido avances por la creación de la Comisión para la Evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que es la encargada de diseñar políticas públicas, propuestas y recomendaciones para lograr una consolidación eficiente, describe el informe de la ONG.

Además, apunta que uno de los objetivos principales de la reforma en materia penal fue aumentar el nivel de confianza en las instituciones de procuración de justicia, sin embargo en los últimos siete años la cifra negra (delitos que no se denuncian) se ha mantenido por encima de 91% en nuestro país.

De acuerdo con el Índice de Confianza en el Sistema de Justicia Penal 2010-2017, elaborado con información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), la Ciudad de México se encontró en el primer lugar de falta de confianza en las autoridades con una cifra negra de 93.4%; mientras que Yucatán fue la entidad federativa que tuvo mayor confianza  en sus autoridades con una cifra negra de 90.4 por ciento.

Por otra parte, del total de delitos que fueron conocidos por las autoridades, es decir más de 2 millones, en 96% de los asuntos se inició una investigación y únicamente en 49.6% se dio algún tipo de determinación.

Y seis de cada 10 fueron determinados como “archivo temporal”, lo que representa que se dejó en pausa la investigación por considerar que no había indicios para esclarecer los hechos o por no contar con las pruebas suficientes para avanzar en ella.

En el ámbito federal, en el 2018 había 166,400 investigaciones, de las cuales 66.3% fueron determinadas, y en comparación con 2017 se dio un incremento de 8.3% en el uso de esta figura.

En el ámbito federal es importante destacar que se dio un aumento significativo en el número de casos determinados con el “no ejercicio de la acción penal”, es decir cuando los antecedentes del caso establecen que existe una causal de sobreseimiento, ya que del 2015 a la fecha el incremento asciende a 3,750%, se reporta.

Respecto de la carga de trabajo de los servidores públicos de procuración de justicia, la organización detalló que en México cada defensor público atiende a 219 imputados, cada juez 104 causas penales, cada asesor jurídico 147 víctimas y cada fiscal está a cargo de 159 investigaciones.

“Estas cargas de trabajo, claramente excesivas, ponen en duda que los servidores puedan dedicar suficiente tiempo a cada asunto para su preparación”, se lee en el documento.

México Evalúa apuntó que se ha construido un discurso que sugiere que el modelo acusatorio favorece la impunidad, denominado “puerta giratoria”, y se aprobó la reforma al Artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, la organización reconoció que existe la probabilidad de que estas modificaciones a las leyes profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema y, por tanto, abran la puerta a más corrupción.

En ese sentido, consideró que es necesario impulsar una instancia nacional desde la cual se puedan articular los esfuerzos de las instituciones de seguridad y justicia en el país, pero reconoció que la reciente creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, podría colocar de nuevo el tema de la justicia penal en la agenda pública.

Finalmente, enfatizó el fortalecimiento de capacidades de las policías en las labores de investigación y la inversión en el desarrollo de perfiles específicos para la investigación científica de delitos.