Para lograr que los instrumentos sociales destinados al combate a la pobreza cumplan su objetivo, se requiere contar con mecanismos de exigencia de derechos, programas transparentes, eficaces y blindados, ante cualquier uso alternativo al objetivo para el cual fueron diseñados, ya sea contra la corrupción, desvío o uso político electoral, afirmó Javier González Gómez, director de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas en México (PNUD).

A partir del 2009 el PNUD y Transparencia Mexicana desarrollan la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, la cual encontró —con base en datos calculados a través de un autodiagnóstico de los servidores públicos responsables de la política social de los tres órdenes de gobierno—, que las herramientas contra la pobreza carecen de ciertos atributos que podrían proteger su integridad.

De acuerdo con el diagnóstico, una gran porción de los programas antipobreza no cuenta con elementos de selección socioeconómica de los beneficiarios, ni fiscalización de recursos, ni para la prevención de delitos electorales.

En entrevista, Javier González expuso que la institucionalidad de los programas es relevante no únicamente para prevenir su uso político-electoral, sino para garantizar la certeza jurídica, es decir, que los beneficiarios que tengan derecho, puedan —verdaderamente— tener garantías de acceder sin ningún tipo de clientelismo ni corrupción.

Con ello, abundó el director de Gobernabilidad Democrática del PNUD, asegurar que estos mecanismos que buscan combatir la pobreza en el país realmente cumplan con su objetivo, que es abatir carencias sociales.

“Ese es el objetivo de fondo que rebasa el 1 de julio”, señaló González Gómez. Para ello, recomendó, estos programas deberían contar desde su diseño inicial con mecanismos que permitan inhibir su uso político-electoral; definan la población beneficiaria con base en evaluaciones socioeconómicas y cuenten con estrategias de graduación.

Asimismo, sugirió la creación de mecanismos de rendición de cuentas para estos planes sociales, tales como la contraloría social, que serviría de contrapeso por parte de los propios beneficiarios.

En el ámbito federal, pormenorizó Javier González, esta figura de contraloría social está muy extendida, casi 80% de las acciones y programas cuentan con ello, pero en el ámbito estatal, menos de la mitad lo tienen.

También se requiere llevar a cabo evaluaciones independientes, además de mejorar, ampliar y profundizar la fiscalización del gasto, particularmente a nivel estatal. Además se necesitan mecanismos de prevención de delitos electorales.

Lo anterior, toda vez que 38% de los programas federales y 50% de los estatales no disponen de ningún instrumento para prevenir delitos electorales.