En México, enjuiciar a un presidente en funciones anuncia un proceso confuso, además de que en lo que respecta a actos de corrupción los mandatarios mexicano están blindados.

La definición de cómo se puede empezar un procedimiento por algún delito en contra de un mandatario mexicano se precisa en los artículos constitucionales del 108 al 114.

En el 108 se indica que “el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Cabe señalar que ilícitos como la corrupción no es considerado aún como delito grave que pueda ameritar prisión preventiva.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció en agosto pasado que su partido buscaría en el Congreso una iniciativa para que la corrupción se convierta en un delito de alta magnitud.

Fue en septiembre cuando Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena, presentó una iniciativa en la que se prevé que los casos de corrupción por funcionarios sean considerados como un delito grave. Actualmente, la iniciativa se encuentra en el Congreso.

En caso de cumplirse alguno de los dos supuestos, en el Artículo 108 no hay un procedimiento claro a seguir.

De acuerdo con los artículos constitucionales 109 y 110, se podrán imponer sanciones a funcionarios mediante juicio político, sin embargo, la figura del presidente de la República no aparece de manera explícita entre los cargos de servidores que pueden ser sometidos a dicho procedimiento.

“Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, fiscal general.

“Los magistrados de circuito y jueces de distrito, consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos”, indica el Artículo 110.

En el Artículo 114 de la Constitución se precisan los plazos en los que el juicio político prescribirá para un servidor público.

“El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”, se precisa.

Además de señalar que “la responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años”.