Si los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votan hoy jueves por otorgar un amparo a efecto a la sentenciada a 60 años de prisión por el supuesto delito de secuestro, Florence Cassez podría salir libre en unos meses, de acuerdo con el proceso legal.

Hoy se discutirá y decidirá si es aprobado el proyecto que la ministra Olga Sánchez Cordero presentará y en el cual propone declarar fundados y suficientes los agravios a Cassez para conceder el amparo a efecto (reponer el procedimiento), considera que se violó el derecho fundamental de la detenida a ser puesta a disposición inmediata del Ministerio Público así como el derecho a contacto y asistencia consular.

De acuerdo con el proyecto que leerá hoy la Ministra, el material que probó la culpabilidad de Cassez fue obtenido de forma indebida, lo que provoca falta de fiabilidad, situación que impacta los derechos de la acusada, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege el derecho que tiene toda persona a que, en caso de ser condenada, su pena no tenga como base evidencia cuestionable de fiabilidad, especialmente cuando es imputable a la actuación ilegal de la autoridad.

El texto detalla que, para efectos de la concesión del amparo por la violación grave a los derechos fundamentales en la etapa de la averiguación previa, no deben tomarse en cuenta las declaraciones de:

Cristina Ríos Valladares, de su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos y de Leonardo Cortés López, que identifican a Cassez como parte de la banda de secuestradores.

Deben descartarse también porque, de acuerdo con la Ministra, no reúnen los requisitos exigidos por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues existe duda respecto de sus afirmaciones debido a que en los distintos momentos en que fueron entrevistados modificaron su declaración.

Con respecto a Ezequiel Elizalde Flores, quien también habría señalado a Cassez como participante en el secuestro del que fue objeto, la Ministra expone en el proyecto de amparo que sus declaraciones son prueba insuficiente para fincar la plena responsabilidad de la ciudadana francesa.

Propone que tampoco se tome en cuenta la totalidad de la primera declaración ministerial rendida por Florence Marie Louise Cassez Crepin por no haber contado con la debida asistencia consular, por razones imputables al Ministerio Público al no haber notificado al Consulado desde el momento en que fue puesta a su disposición.

Ante ello, los resolutivos que propone el proyecto son que se revoque la sentencia recurrida y la Justicia de la Unión ampare y proteja a Cassez en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal Primera Circuito, el 2 de marzo del 2009; el cual tendría que volver a realizar el procedimiento sin considerar dichas pruebas.

LOS VOTOS

Cuando se discutió el primer proyecto de amparo de Cassez en marzo del 2012, presentado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuatro de los cinco legistas presentes coincidieron en la existencia de graves violaciones en el debido proceso; sólo Guillermo Ortiz Mayagoitia fue en contra de esta opinión; sin embargo, se jubiló y fue sustituido por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

En aquella ocasión, mientras que tanto la ministra Olga Sánchez Cordero como Arturo Zaldívar se pronunciaron en favor de otorgarle la libertad a Cassez, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo se inclinaron porque el caso se remitiera nuevamente al Primer Tribunal Unitario en materia Penal del Distrito Federal, para que dictara una nueva sentencia.

El año pasado, Cossío Díaz apoyó un amparo para efectos, es decir, anular el acto de autoridad reclamado que está causando perjuicio y ordenar a la autoridad responsable que reponga el procedimiento viciado. Además, solicitó que no se tomaran en cuenta los testimonios; postura que se prevé continúe en esta línea.

El presidente de la Primera Sala, Pardo Rebolledo, se pronunció en favor de otorgar el amparo y devolverlo a un tribunal y que fuera éste el que eliminara los testimonios de las víctimas. También apoyó un castigo severo a los funcionarios que se encargaron de coordinar el montaje televisivo del caso.

No hubo mayoría calificada en el 2012 en favor del proyecto de Arturo Zaldívar; no obstante, el caso podría tomar hoy otro rumbo con la opinión de Gutiérrez Ortiz Mena, aunque aún queda a la expectativa hacia dónde se inclinarán sus argumentos.

Por otro lado, si se mantiene la postura votada en el primer proyecto, el asunto saldría de la Primera Sala y se llevaría al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los 11 ministros analizarán y resolverán el futuro de Florence Cassez.

Dependiendo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Florence Cassez, estaremos en presencia de una culpable que sale liberada por defectos en la constitución de las pruebas en su contra o de una inocente que fue injustamente detenida con pruebas falsas, dijo el senador Miguel Barbosa.

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado declaró que en ambos casos la autoridad persecutora de los delitos, en concreto, la Procuraduría General de la República (PGR), debe investigar. (Con información de Tania Rosas)