Con 12 votos a favor, 10 en contra, cinco abstenciones y la advertencia de que se presentarán diversas reservas en el pleno, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley de la Fiscalía General de la República que abroga la actual ley orgánica.

Pese al rechazo de organizaciones sociales que alertan que la aprobación del dictamen de la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) implica un claro retroceso en materia de derechos humanos, además de que es una evidente traición a las víctimas y a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la impunidad y brindar justicia, las y los legisladores aprobaron el  del dictamen para crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la FGR.

Según el documento, la finalidad del dictamen también establece la organización, responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público de la Federación, el cual se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.

El documento fue enviado a la Mesa Directiva para los efectos reglamentarios conducentes, mientras que las reservas serán desahogadas en el pleno.

Durante el análisis, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), expresó que se pronunciaba en contra de este proyecto, “si no se atienden las modificaciones que las víctimas plantearon en el Parlamento Abierto”.

Por su parte, José Elías Lixa Abimerhi, quien puntualizó que el dictamen es un error y confió en que en la discusión del pleno puedan transitarse algunas reformas, ya que mencionó que expertos y víctimas lo consideran como un retroceso para los derechos humanos.

Mientras que la diputada de Morena, Lorena Villavicencio Ayala puntualizó que la fiscalía no ha entendido que investigar y buscar es parte del mismo proceso; en el país, hay más de 99,000 víctimas, las cuales han sido revictimizadas por las instituciones. “Esta versión de Ley Orgánica no fortalece las atribuciones para dejar de ser un país de víctimas, es innecesaria. Es vital escuchar al fiscal y mantener su participación en la búsqueda y en la facultad de atracción”.

maritza.perez@eleconomista.mx