El dictamen de la Ley Federal de Transparencia avanzó en comisiones y quedó en primera lectura en el pleno del Senado, por lo que es posible que este jueves los senadores voten la nueva ley que ordena al INAI exhibir a las instituciones públicas, sindicatos, partidos políticos y personas físicas y morales que incumplan con las obligaciones de transparencia, como es el caso de la rendición de cuentas de los recursos públicos.

Las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen, mismo que enseguida pasó al pleno para su discusión y votación, lo que podría concretarse en la sesión de este jueves.

El dictamen precisa que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podrá imponer amonestaciones públicas y multas de 150 hasta 1,500 veces el salario mínimo de 10,501.5 pesos hasta 105,015 pesos a quienes incumplan las resoluciones.

Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos y para determinarlas se tomará en cuenta la gravedad de la falta del sujeto obligado determinada por elementos tales como el daño causado, los indicios de intencionalidad, la duración del incumplimiento de las determinaciones del instituto y la afectación al ejercicio de sus atribuciones, también la condición económica del infractor y la reincidencia.

El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en la Plataforma Nacional (de Transparencia) y considerado en las evaluaciones que realice el instituto , precisa el dictamen.

En caso de reincidencia, el INAI podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado en primera instancia.

Serán causas de sanción la falta de respuesta a solicitudes de información; actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las respuestas a solicitudes; usar, sustraer, ocultar, alterar, mutilar o destruir información que se encuentre en custodia de los sujetos obligados y de sus servidores públicos, también no actualizar la información y declarar la inexistencia de la información cuando exista total o parcialmente en sus archivos.

Esta ley ordena además al gobierno federal la exhibición del listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto (...) y los fundamentos legales del requerimiento , entre otros.