Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron un informe alternativo al Comité Contra la Desaparición Forzada (CED, por su sigla en inglés) de la ONU, mediante el cual denuncian, entre otros aspectos, que los avances en materia de búsqueda presentados por el Estado mexicano son cambios cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación .

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió sus observaciones finales a México en febrero del 2015 y estableció tres recomendaciones prioritarias sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año, que abordan la necesidad de que el Estado establezca un registro único de personas desaparecidas, un mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos. El Estado presentó su respuesta sobre el cumplimiento de éstas en febrero del 2016.

Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas presentaron un informe alternativo al CED, en el que manifiestan preocupación porque las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad .

Sobre el actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), denunció la sociedad civil organizada, no cumple con los estándares del CED.

Ello debido a que omite información, como el número de personas encontradas con vida y sin vida; asimismo, tampoco arroja información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada.

Las organizaciones reconocieron la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura de su titular, pero refieren preocupación por la falta de recursos y personal y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada, al argumentar que éstos debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).

A pesar del cambio de Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado, comentan las organizaciones.

En el caso del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal .

Otros puntos de preocupación son la falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la CNDH.

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