Las autoridades encargadas de hacer valer los derechos de todas las víctimas de delito no han cumplido su función con las más de 50,000 personas asesinadas desde el 2006, cuando el Ejecutivo federal echó a andar la estrategia contra del narcotráfico y el crimen organizado, denunció el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín.

La impunidad asciende a 98% de los casos; homicidio, robo, secuestro afectan a toda la sociedad y no han sido investigados de manera adecuada, manifiesta el activista.

La mayor parte de la responsabilidad de esta deuda es del Ejecutivo, que no ha logrado garantizar que no se violen los derechos humanos ni ha podido evitar que funcionarios o miembros de las fuerzas de seguridad agredan a los ciudadanos.

Toda persona víctima de un delito tiene derecho a esperar a que se haga justicia y se sancione al agresor, independientemente del tipo de agresor.

Y quienes son señalados como agresores tienen derecho de que se efectúe una investigación justa y se establezca la responsabilidad sin lugar a dudas.

Para la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro, las más de 50,000 víctimas del combate al crimen organizado no tuvieron siquiera el derecho a ser juzgadas. Las asesinaron y ahora muchas son simplemente señaladas como delincuentes.

La impunidad y la falta de capacidad de las policías para realizar una investigación sólida son las mayores trabas para el pleno cumplimiento de los derechos de todos, por ello las autoridades le quedan a deber a las familias y a los afectados, coincidieron.

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