Si bien en México, recién se comenzó a ver un desarrollo teórico sobre lo que significa la autonomía de la Fiscalía General de la República, ya que tradicionalmente la atención se había centrado en la independencia judicial; en la práctica, en la FGR está dándose una interpretación errónea de la autonomía, consideraron cinco organizaciones sociales a través de un informe sobre el primer año de gestión de Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General de la República.

“La autonomía no significa aislarse, no colaborar con otras instituciones, no rendir cuentas, no tener contacto con las familias de las víctimas y sobre todo, no cumplir con su propia ley”, cita el documento creado por integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC ; Fundación para el Debido Proceso; Impunidad Cero; Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Causa en Común, AC.

Consideran que esta nueva administración federal encontró a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en un deterioro profundo, por lo que no se puede tratar de erradicar la impunidad si se intentan las mismas estrategias que, se ha demostrado, no funcionan.

“La criminalidad organizada (estatal y no estatal) cada vez va buscando nuevas formas para diversificar su actividad. Sin embargo, las instituciones de procuración y administración de justicia poco han hecho para modificar a fondo su forma de organizarse y metodologías para investigar”.

Además de que se realizan las mismas prácticas fallidas, con ministerios públicos, con más de 30 investigaciones penales, algunas con alto grado de complejidad, trabajando solos, sin equipo de análisis, sin apoyo de investigación policial, sin contacto con compañeros(as) de su misma área que pueden estar investigando actividades o grupos criminales similares, y mucho menos, sin contacto con otras áreas de la institución o de otras instituciones del Estado.

Por lo que bajo esa lógica, es imposible que alguien pueda tener un resultado efectivo. Tendríamos que reflexionar de qué manera estas políticas públicas, que no son casuales ni aisladas, abonan a la impunidad, a la falta de respuesta a las víctimas y para la sociedad, mientras que ante el surgimiento de nuevas estrategias delictivas, muchas de ellas transnacionales, es importante probar nuevas metodologías de investigación, nuevas estrategias de gestión y organización institucional. “Por ello la importancia de darle una oportunidad a una ley”, se refirió.

Con este informe, las organizaciones observan en qué aspectos esta Ley Orgánica de la FGR (LOFGR), producto de un trabajo entre la sociedad civil y las autoridades del nuevo gobierno, no se ha puesto en práctica o se ha actuado en contravención de la misma.

“Nos queda un camino largo para construir una verdadera institución de procuración de justicia que funcione efectivamente. El Fiscal General aún está a tiempo para repensar el camino, apoyado con actores de la sociedad y víctimas interesados en combatir la impunidad y la corrupción”.

Elección de su titular

Un primer hecho que, consideran las ONG, violó lo dispuesto por las bases de la LOFGR, fue la propia elección del titular de la nueva Fiscalía General de la República, porque el resultado fue la elección de un perfil cercano al poder Ejecutivo federal, sin compromiso con las bases de cambio de la nueva LOFGR y cerrado a la sociedad civil.

Asimismo, una herramienta clave para ordenar los roles y deberes en la nueva forma de organización de la FGR y de investigación de los crímenes en México, es el Plan de Persecución Penal (PPP), tanto provisional como definitivo.

Sin embargo, las organizaciones acusaron que a pesar del espíritu participativo y abierto de su proceso de construcción (clave para el entendimiento de los crímenes a investigar y la identificación de las inoperancias institucionales del modelo que se pretende dejar), el Fiscal General de la República los ha mantenido de espaldas al conocimiento y participación ciudadana.

“La ausencia al día de hoy, del Consejo Ciudadano de la FGR que participa en parte del proceso de construcción del PPP, es otra clara muestra del mínimo interés, tanto del fiscal general como del Senado de la República, para construir la nueva institucionalidad fiscal. El 18 de enero del 2020 se cumple el plazo para dar al país el primer Plan de Persecución Penal, pero va a ser incumplido a todas luces de acuerdo con los parámetros legales”, advirtieron.

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