El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura detectó que, en los centros de detención e internamiento de Querétaro y Jalisco, personas privadas de la libertad realizan funciones de autoridad, cobran cuotas a los internos y fomentan el autogobierno.

Dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la instancia dio cuenta en visitas, realizadas en junio y noviembre del 2017, que esta situación genera circunstancias de violencia al interior de los centros.

“Se observó que personas privadas de la libertad ejercen funciones exclusivas de la autoridad, gozan de privilegios y cobran cuotas a los demás internos para acceder a algunos servicios, lo que fomenta el autogobierno, provoca situaciones de violencia y favorece el tráfico de sustancias prohibidas”, detalló.

De acuerdo con los informes de supervisión 1/2018 y 4/2018 dirigidos a los gobernadores de Querétaro y Jalisco, Francisco Domínguez y Aristóteles Sandoval, respectivamente, así como a los fiscales de ambas entidades, se puntualizaron las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento.

Los documentos señalan que en relación con las mujeres, en los centros no existen lugares destinados para ellas lo que las coloca en situación de vulnerabilidad y riesgo.

El Mecanismo expuso que, tras realizar entrevistas anónimas a internos en 34 sitios en Querétaro y 21 en Jalisco, refirieron situaciones de maltrato por parte de personal de seguridad, una alimentación inadecuada e insuficiente, estancias no dignas, principalmente en relación con la higiene.