El estado de Michoacán es el ejemplo más visible de la persistente crisis de violencia en México; los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta ante ello y ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos, señala el documento que Salil Shetty director general de Amnistía Internacional entregó al presidente Enrique Peña Nieto durante el encuentro que sostuvieron el lunes.

El desafío para la presente administración es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos , apunta el texto presentado en la primera visita que realiza el Director General de este organismo al país.

Para Amnistía Internacional hasta el momento el gobierno no ha dado muestras para afirmar que las garantías fundamentales se respetan en el marco de la seguridad pública a través de mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares, incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de autodefensa.

Otros estados, como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia, e inseguridad son una amenaza diaria, reciben poca atención de parte de las autoridades responsables y los medios de comunicación.

Por otro lado el memorándum entregado por Salil Shetty al titular del Ejecutivo Federal señala que a un año de que el gobierno hiciera pública la existencia de más de 26,000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, aún es materia pendiente la publicación de una lista depurada con los casos de aquellas personas que todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o de desapariciones forzada.

En relación con los migrantes, en 2013 las autoridades detuvieron a 82,269 personas sin documento y deportaron a 75,704 de ellos; la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Ante ello, el documento exhibe que muchas personas indocumentadas continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales.

Si bien la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en décadas; aún el gobierno y la legislatura no han hecho la implementación adecuada ni han enviado un mensaje claro que indique que los estándares internacionales se aplicarán en la práctica.

México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al respeto a los derechos humanos, observa Amnistía Internacional. La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, iniciado en la administración anterior, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a muchas comunidades desprotegidas y en riesgo .

Este organismo exhibe que los reportes sobre abusos de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, continúan así como la impunidad en todos los crímenes. Los defensores de derechos humanos y periodistas enfrentan cada vez mayores ataques. Asimismo las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia. Todo ello bajo un sistema de justicia que continúa defraudando a las víctimas.

La experiencia de Amnistía Internacional en el mundo señala que cuando un gobierno realmente quiere cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, debe demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos; debe dejar en claro que los funcionarios públicos no pueden ignorar los derechos humanos o reducirlos a un tema secundario. Además, para mostrar que la impunidad dejará de ser tolerada, debe demostrar en la práctica que cualquiera que esté implicado directa o indirectamente en abusos de derechos humanos será llevado ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación , señala la organización.

ana.langner@eleconomista.mx