El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de sancionar toda la cadena que colabora con los huachicoleros en el robo de hidrocarburos.

Por 321 votos en favor, 37 abstenciones y 18 en contra, el pleno avaló el dictamen en el último día del periodo ordinario de sesiones de la Cámara Baja. El dictamen fu turnado al Senado de la República para su estudio.

Con base en las iniciativas de los diputados Fernando Moctezuma y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela del PRI, así como los diputados Eukid Castañón (PAN) y Alejandro González Murillo de Encuentro Social, las reformas establecen que cuando el robo sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 4 a 6 años de prisión; cuando sea mayor a 300 litros, de 6 a 10 años de prisión.

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Cuando sea mayor a 1,000 litros, de 10 a 12 años de prisión, y cuando sea igual o mayor a 2,000 litros, de 12 a 17 años de prisión.

Asimismo, se sancionará de tres a siete años de prisión, a cualquier servidor público que tenga conocimiento y no lo denuncie ante la autoridad competente.

Contempla prisión de ocho a 12 años al que comercialice o transporte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando no contengan los marcadores o las demás especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente.

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Se impondrá de seis a ocho años de prisión al arrendatario, propietario o poseedor de un bien inmueble donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes.

La sanción carcelaria de 17 a 25 años de prisión será para quien directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta ley.

Además, contempla sanción de 10 a 14 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide mediante coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia, a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada.

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El dictamen aprobado menciona que se sancionará de 10 a 15 años de prisión y multa de 7,000 a 12,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero.

El dictamen argumentó que entre el 2009 y el 2014, Pemex sufrió pérdidas por valor de 46,000 millones de pesos. También refirió que los estados con mayor incidencia del robo de hidrocarburos son Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, estado de México, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, debido a que en ellos el sector industrial es muy relevante, y por tanto, lo es la infraestructura de oleoductos que provee de energía a todo ese sector.

jmonroy@eleconomista.com.mx