Al reconocer que en México existe una situación generalizada de desapariciones forzadas, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que el Gobierno de México atenderá puntualmente todas las recomendaciones que emitió el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Al presentar un informe sobre la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Encinas Rodríguez explicó que entre los temas de preocupación que fueron abordados por los expertos, autoridades y familiares de desaparecidos están los rezagos en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas en el país, con “una de las preocupaciones fundamentales fue el hecho que prevalece un clima de impunidad en la procuración e impartición de justicia frente al delito de desaparición”.

Así como las pocas sentencias en la materia, ya que, desde 2017, con la promulgación de la Ley Contra la Desaparición Forzada y la Desaparición cometida por Particulares, solamente se han dictado 35 sentencias en país donde “lamentablemente tenemos una cifra mayor de 94,000 personas desaparecidas”, dijo.

También se dijo que existe preocupación porque se mantiene el delito de desaparición de manera sistemática en el país, independientemente de que hoy esté asociado, predominantemente, a la delincuencia organizada.

Mientras que se hallaron deficiencias en la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y con las familias de los desaparecidos.

“De manera particular, nos insistió en su preocupación por la falta de coordinación entre las fiscalías de los estados, las autoridades y las familias de las víctimas.

“Y que muchas de estas fiscalías no asumen su responsabilidad en la búsqueda de la personas, lo cual, a juicio de esta comisión del Comité, limita el acceso a la justicia en favor de las víctimas”, resaltó Encinas.

Aunado a que se habló sobre la crisis forense que atraviesa el país sobre las limitaciones en capacidades institucionales e infraestructura forense y la necesidad de un plan nacional de reparaciones, que, dijo, se está trabajando con el congreso de la Unión para hacer una reforma en la materia.

Defienden deportaciones

Por otra parte, Encinas sostuvo que la reinstalación del programa Quédate en México, con el cual Estados Unidos enviará a nuestro país a todos sus solicitantes de asilo, tiene una visión humanitaria y velará por los derechos humanos.

“Tenemos que asumir esta resolución como una medida de carácter humanitario para que todas las personas que no están en condiciones de retornar a su lugar de origen por diversas razones, tengan la oportunidad de permanecer en nuestro país en espera del refugio solicitado en los Estados Unidos”, dijo.

Sobre los informes de ONG que indican que los migrantes que son trasladados a diferentes estados para solicitar refugio son abandonados, Encinas sostuvo que la Segob hace un seguimiento puntual de las acciones de migración.

maritza.perez@eleconomista.mx