Una docena de ciudadanos presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por ordenar la liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo Guzmán" e integrante del cártel de Sinaloa, luego de ser detenido por militares en Culiacán el pasado jueves 17 de octubre.

De acuerdo con el recurso legal promovido por quienes integran la plataforma política Futuro 21, la orden dada por el secretario de Estado es constitutiva de delito ya que el Código Penal Federal establece en su artículo 150 que “se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado’’.

Durazo Montaño, estiman, no sólo favoreció, sino de hecho ordenó la liberación de Ovidio Guzmán cuando el capo ya se encontraba detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Si quien propicie la evasión es servidor público, como es el caso, se incrementará la pena en una tercera parte, además de que será destituido de su empleo e inhabilitado para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años.

“Es innegable que el titular de la SSPC es responsable de esta conducta típica pues él mismo ha declarado a los medios de comunicación que dio esta orden, Igualmente, el presidente López (Obrador) ha confirmado esta noticia y, más grave aún, ha manifestado su respaldo a tal decisión’’, cita el escrito de la denuncia.

Desde el punto de vista de los denunciantes, la decisión de liberar a un detenido de tal peligrosidad, acompañada de todas las consecuencias graves que trajo el fallido operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, constituye una causa para enjuiciar políticamente al sonorense.

No cabe duda, sostienen, que los hechos descritos implican un ataque directo de la delincuencia organizada en contra de las instituciones democráticas, así como un perjuicio grave a Sinaloa y al correcto funcionamiento de sus instituciones.

“Estos resultados lamentables son responsabilidad directa del titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, quien debe ser destituido de su cargo y, posteriormente, procesado penalmente’’, afirmaron.

Y piden a la Cámara Baja proceder conforme a la Constitución y hacer valer la vida democrática, la división de poderes y el escrutinio estricto, desde la ciudadanía, a las labores del poder Ejecutivo.

“Si la LXIV Legislatura permite una falta de esta magnitud al buen desempeño de las funciones públicas y, peor aún, esta burla a la Constitución, México estará condenado a un gobierno de cuarta’’, detallaron.

Entre las pruebas que forman parte del expediente hay videos y fotografías, entre otras una de Ovidio Guzmán durante su traslado, aquel funesto jueves en la capital culiacanense, hacia una base militar, vestido con uniforme verde olivo.

Todo el material probatorio de los hechos denunciados se entregó en formato electrónico, contenido en dispositivo USB y en sobre cerrado.

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kg