Durante los ocho meses que han transcurrido del proceso electoral en marcha, ha ocurrido más de una agresión diaria a políticos, con un saldo de 94 asesinatos, es decir, un promedio de 11 al mes, informó el director de la consultoría Etellekt, Rubén Salazar.

En entrevista, dijo que con base en los resultados del Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018, realizado por esa empresa, grupos de delincuentes han tratado de incidir en el proceso electoral en marcha, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, México y Chihuahua.

El viernes se reportó el asesinato del candidato de Morena a presidente municipal de Apaseo El Alto, Guanajuato, con lo cual el número de alcaldes asesinados se elevó a 94.

Detalló que, desde el 8 de septiembre del 2017, cuando inició oficialmente el proceso para renovar la Presidencia, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, además de congresos locales y presidencias municipales de 30 entidades han registrado 305 agresiones contra políticos en todo el país.

De esa cifra, en 267 casos se trató de agresiones directas y el resto contra familiares cercanos.

Detalló que la mayoría de las agresiones documentadas por esa empresa dedicada al análisis de riesgo ha ocurrido en la etapa de precampaña o intercampaña, lo cual pone en evidencia el grado de vulnerabilidad en que se colocan las personas que manifiestan su interés por construir una candidatura en ciertas regiones del país.

En ese sentido, llamó la atención en que la ley electoral no contempla ningún tipo de protección para los políticos en la etapa en que tratan de conseguir los apoyos necesarios para postularse a un puesto de elección popular. Es en ese momento es cuando son objeto de agresiones.

Indicó que es probable que sean menos los casos de agresiones a candidatos que las dirigidas a aspirantes, debido a que los cuerpos policiacos están más presionados a investigar los asesinatos o ataques contra quienes ya están registrados para competir.

 

Es más riesgoso buscar ser alcalde o diputado

Destacó que los políticos que corren mayores riesgos son los que buscan ser postulados a presidentes municipales y diputados locales, lo que significa que los agresores son grupos de delincuentes locales que buscan garantizar espacios de impunidad para sus actividades ilegales. Precisó que, de los 93 asesinatos, 80 corresponden al ámbito municipal.

Asimismo, el especialista expuso que existe una marcada relación entre los lugares donde ocurren los atentados con las zonas que presentan actividad delincuencial alta. Los estados que encabezan la lista de sitios en donde han muerto políticos relacionados con el proceso electoral en marcha son Guerrero y Oaxaca.

Expuso que una explicación es que, en esa región del Pacífico mexicano, hay una fuerte presión de grupos de delincuentes que se dedican a la producción y trasiego de droga, como amapola y precursores para drogas sintéticas e incluso cocaína.

Muchos de esos grupos, indicó, lo que están buscando ahora que corre el proceso electoral es protección para poder llevar a cabo con impunidad sus actividades ilícitas, como es el control de las rutas de paso hacia el norte del país. Eso mismo es lo que ocurre en el estado de Chihuahua.

El reporte refiere que otras de las entidades donde se concentra la violencia contra los políticos son México, Puebla y Veracruz.

En estos casos, lo que se ha detectado es que, en esos lugares, se concentra también la comisión de delitos relacionados con el robo, transporte y distribución de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Petróleos Mexicanos, actividad mejor conocida como el huachicoleo.

 

Concentración de elecciones concurrentes agrava el problema 

El analista planteó que se ha detectado un incremento en el número de agresiones contra políticos en el actual proceso electoral, comparado con años anteriores, lo cual tiene su explicación en que este año hay un número considerable de elecciones locales concurrentes a la elección federal.

En ese sentido, consideró que fue hasta una irresponsabilidad de los legisladores haber tomado la decisión de juntar las elecciones estatales, pues ha generado un incremento en el número de agresiones contra políticos.

Recordó que, en las elecciones del 2015, cuando se renovó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores así como las gubernaturas de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, se registraron 70 agresiones. Eso quiere decir que en el proceso electoral en marcha ha habido casi­ cuatro veces más agresiones que entonces. Además, ese año fueron 20 asesinatos y ahora ya van 93 y el proceso aún no concluye.

Detalló que lo que se ha dado actualmente es que ha habido una combinación explosiva entre un incremento de la violencia, expresada en el aumento de homicidios dolosos y el proceso electoral.

“Eso está produciendo un desastre en materia de seguridad”.

Lo malo, añadió, es que todo parece indicar que el escenario de violencia continuará, sobre todo porque hay signos de ingobernabilidad y falta de control político en varias regiones del país, donde las campañas o no han comenzado o van empezando.

“A los gobiernos no les interesa esa situación; vemos más interés en apoyar a sus partidos políticos que brindarles seguridad de manera equitativa a todos”, dijo.

El especialista alertó que el problema es que esta situación se está expandiendo a otros lugares. Tan sólo en la Ciudad de México, el mes pasado, se registraron al menos 11 agresiones contra brigadistas de campañas políticas. Incluso, se tiene el caso de una candidata del PRI a una alcaldía del sur de la capital del país que fue amenazada y golpeada, lo cual la orilló a declinar.

También habría que considerar si fue un factor en el incremento de la inseguridad para hacer trabajo político en Puebla y Veracruz, el hecho de que en esas entidades las gubernaturas actuales sólo son de dos años para empatarlas con el proceso federal electoral.

 

Es un problema nacional

El director de Etellekt llamó la atención en que si bien hay entidades en donde este problema es más agudo, se están dando agresiones en casi todo el país. 

“Se tienen reportes en 30 de las 32 entidades”, explicó.

Además, destacó que hay registro de este tipo de acciones delincuenciales en 222 municipios que representan alrededor de 10% del total del país.

Lo más grave, dijo el especialista, es que “nosotros vemos a futuro que esto seguirá creciendo, que se seguirán ampliando los corredores delictivos y que el Estado cada vez más irá perdiendo la capacidad para garantizar la seguridad en el interior del país”.

diego.badillo@eleconomista.mx