Siete de las 17 iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador no han sido aprobadas en el Congreso.

Están pendientes la expedición de la Ley de Amnistía; reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución; a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea; a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Civil Federal; a los artículos 108 y 111 de la Carta Magna, y el cambio al cuarto constitucional que crearía el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar.

En comisiones, los senadores analizan aprobar o modificar la minuta que expide la nueva ley por la que se establecerían mecanismos que regulen la concesión de la libertad a personas pertenecientes a grupos vulnerables que hayan cometido conductas delictivas, a fin de garantizarles nuevas oportunidades de reinserción social.

El Ejecutivo federal propuso, y así se aprobó por la Cámara Baja, ordenar por ley que los posibles beneficiados de la amnistía cumplan con las siguientes condiciones: que la sentencia en firme del inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal, y que no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.

Se tipifica como objeto de amnistía el delito de aborto; delitos contra la salud por posesión y transporte de narcóticos cuando se trate de personas en estado de vulnerabilidad o que sean indígenas que no hayan recibido una defensa legal en su idioma; robo simple sin violencia, y delito de sedición o actos penalizados que sean de índole política por la participación en movimientos sociales.

Se precisa también que no podrán obtener amnistía los procesados o sentenciados por delitos graves como secuestro y violación, entre otros, y que la Secretaría de Gobernación promoverá en las legislaturas locales la creación de leyes de amnistía por delitos semejantes a los regulados por la nueva ley federal, de cuya aplicación se encargará la Fiscalía General de la República.

Una enmienda constitucional que está pendiente de aprobación en la Cámara Alta busca regular las remuneraciones de los servidores que trabajan en los organismos constitucionalmente autónomos y establecer que las retribuciones que perciba el titular del Ejecutivo federal sean el límite nominal que puedan recibir dichos funcionarios.

Permanece pendiente de aval la reforma constitucional para establecer que el presidente de la República podrá ser procesado penalmente por actos de corrupción, delitos electorales e ilícitos graves. Los legisladores retomarían esta reforma en febrero, ya que no han superado las diferencias de criterios entre senadores y diputados respecto de que ellos mismos sean incluidos en esa eliminación del fuero.

Los cambios pendientes a la Ley de Instituciones de Crédito y al Código Civil Federal, así como a Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, cuyas minutas ya fueron revisadas una vez por los senadores y devueltas a la Cámara Baja, donde se discute si los diputados federales se allanan a los cambios propuestos o realizan nuevos, prevén establecer que los adolescentes a partir de los 15 años puedan contar con cuentas de depósito bancario de dinero sin intervención de sus representantes, y actualizar diversas disposiciones en materia de fondos para el retiro y su régimen de inversión, respectivamente.

[email protected]