El pleno del Senado de la República aprobó por 89 votos de Morena, PRI, MC, PVEM, PT, PES y PRD, y 23 en contra —20 del PAN—, la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para eliminar la inmunidad procesal del presidente de la República en el ejercicio de funciones.

El decreto fue remitido a las Legislaturas de las 32 entidades federativas del país para su eventual ratificación. Su promulgación y entrada en vigor requiere del aval de al menos 17 congresos locales.

La reforma llevaba dos años discutiéndose en el Congreso de la Unión.

Y es que el llamado bloque de contención, integrado por el PAN, PRI, MC y PRD, insistía en modificar la minuta remitida por la Cámara Baja a fin de que la eliminación de la inmunidad procesal no sólo fuera para el caso del presidente de la República, sino también de los diputados federales y senadores.

La solución pactada consistió en aprobar la minuta de la Cámara Baja en sus términos y, en un nuevo decreto por separado, atender las demandas de los legisladores de oposición.

“Durante el tiempo de su encargo, el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”, cita la adición al segundo párrafo del artículo 108 constitucional.

El artículo 111 de la Constitución establecerá en el párrafo cuarto: “Para proceder penalmente contra el presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable”.

Se aprobó en el Senado también, con 102 votos, una reforma cuya minuta se remitió a la Cámara Baja, para que los legisladores federales también puedan ser juzgados por cualquier delito.

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