El Congreso de Tabasco, de mayoría morenista, avaló con 24 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, la llamada ley garrote que reforma el Código Penal de la entidad para imponer hasta 20 años prisión por el delito de extorsión y de seis a 13 años  a aquellas personas que impidan u obstruyan la ejecución de trabajos de obras públicas y privadas.

Dicha reforma ha causado controversia entre la oposición que advierte una posible violación a la libertad de expresión y represión a las manifestaciones.

Y es que cabe recordar que el pasado 24 de junio, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, envió al Congreso local una iniciativa para modificar los artículos 299, 306, 307 y 308; y la adhesión de los artículos 196 Bis y 308 Bis al Código Penal de la entidad.

La redacción inicial del artículo 308 Bis ha sido el foco de la polémica de la reforma, pues señalaba que aquellas personas que “careciendo de facultad legal, impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas, se impondrá prisión de uno a cinco años y multa de 150 a 250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

Ante la inquietud por la redacción de este artículo, fue modificado previo a la aprobación de las reformas por el pleno del Congreso para quedar de la siguiente manera: “Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajo de obra pública o privada se impondrá de seis a 13 años y una multa de 1,000 a 2,000 el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia”.

En conferencia de prensa el gobernador Augusto López argumentó que las modificaciones al Código Penal de la entidad tienen el propósito de frenar la extorsión y no para reprimir las manifestaciones.

Aseguró que con la nueva medida se acabará la impunidad con la que operaba la delincuencia organizada para desarrollo económico, inversiones privada y pública, que coadyuven con una mejoría en la calidad de vida de los tabasqueños, y apuntó que a más tardar la reforma se publicará el 31 de julio en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco para su entrada en vigor.

Las modificaciones se dan en el marco del anuncio dado este lunes por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nalhe, quien informó que el próximo 1 de agosto inician los trabajos de oficina de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, pues ya concluyó la etapa de adjudicación a empresas internacionales que se harán cargo de la obra.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Julia Pardo, la reforma no trata de penalizar la libre manifestación sino que es contra la extorsión a cambio de beneficio económico para unos cuantos que ocasionan atrasos en obras y retrasan las inversiones.

Al respecto, la priista Ingrid Rosas, integrante de la Comisión, señaló que la modificación al artículo 308 bis no tiene nada que ver con el delito de extorsión o delincuencia organizada.

Entrevistado por El Economista el coordinador de Defensa de Artículo 19,  Luis Eduardo Knapp Moreno, calificó esta reforma como regresiva  y que además menoscaba de manera grave el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta.

Consideró que con la reforma “cualquier manifestación que obviamente tiene un cierto impacto en el libre tránsito, porque se está ocupando el espacio público, es decir cualquier marcha que impida total o parcialmente el libre tránsito, ya sea cruzar una avenida mientras estás marchando las personas ya pueden ser sujetas a un proceso penal”.