Con el bloqueo de cuentas bancarias a 42 personas, entre ellas, el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, a quienes se les acusa de lavado de dinero y corrupción, es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos aplica la Ley Global Magnitsky para un caso mexicano.

Dicha ley permite a las autoridades estadounidenses imponer sanciones económicas a personas de cualquier nacionalidad que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción.

Bajo esta norma se puede prohibir el otorgamiento de visas y congelar los activos en territorio norteamericano de cualquier extranjero.

En un principio, esta ley sólo se ocupaba de sancionar a funcionarios rusos y a personas involucradas en el crimen del abogado Sergei Magnitsky, quien fue encarcelado y torturado después de intentar exponer la corrupción de alto nivel en Rusia.

Pero, en el 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos; de esta manera, aquellas personas que aparezcan en la denominada lista Magnitsky no tendrán acceso a ingresos que tengan dentro del territorio estadounidense y cualquier propiedad que tengan en dicho país podrá ser embargado.

La ley Magnitsky también se ha aplicado en otros países de Latinoamérica como es el caso de Nicaragua, donde se enlistó a tres exfuncionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega.

En su momento, miembros del Congreso estadounidense solicitaron al presidente Donald Trump agregar a la lista Magnitsky a empresarios y políticos de El Salvador y Honduras, quienes son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal.

En el Medio Oriente se aplicó la norma a 17 sauditas que estuvieron presuntamente involucrados en el asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi, en octubre del año pasado.

El caso mexicano.

El pasado viernes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que se bloquearon las cuentas bancarias de 42 personas, entre ellas, del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por presuntas actividades de lavado de dinero.

Santiago Nieto, titular de la UIF, comentó que, junto con la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se localizaron recursos por al menos 70 millones de pesos.

Detalló que, en el caso particular del magistrado Avelar Gutiérrez, se han registrado hasta el momento depósitos a sus cuentas bancarias de 78.5 millones de pesos; además, encontraron resoluciones a su nombre que favorecían a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Avelar Gutiérrez también es accionista de seis empresas, expuso Santiago Nieto.

Con respecto al exgobernador de Nayarit, indicó que se reportaron diferentes montos que incluyen adquisiciones de autos de lujo, uso de tarjetas de crédito por más de 1 millón de pesos durante el 2018 y compra de bienes y raíces.

“En el caso del gobernador de Nayarit se observó que desarrolló actividades de protección al exfiscal de Nayarit vinculado con el tráfico de drogas que en este momento enfrenta la justicia en EU”, dijo.

Cabe recordar que el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, se declaró culpable en una corte de EU, tras enfrentar las acusaciones de narcotráfico que pesaban en su contra.

Detenido en el 2017 en San Diego, California, el también exsecretario de Seguridad Pública en Tepic durante la presidencia municipal, de Roberto Sandoval, fue acusado de ayudar en el contrabando de drogas a EU a partir del 2013.

Una vez que Sandoval asume la gubernatura (2011-2017), Veytia es nombrado titular de la Fiscalía General del Estado en el 2012.

Edgar Veytia aceptó en la Corte norteamericana haber recibido sobornos de grupos del crimen organizado para facilitar el trasiego de drogas, además de que, desde la Fiscalía de Nayarit, obstruir investigaciones de narcotraficantes.

Al exfuncionario se le vinculó principalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sigal Mandelker, subsecretaria de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, explicó que las 42 personas identificadas serán registradas en la lista de la Oficina de Control de Activos estadounidense, el cual es un organismo dependiente de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. (Con información de L. Hernández)