Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que participaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Comisionado Nacional de Búsqueda, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Informó que derivado de su facultad de atracción de las 20 carpetas de investigación, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la PGR, elaboró planes de investigación calendarizados, que contemplan la ejecución de diligencias necesarias, pertinentes y útiles, tendientes a esclarecer los hechos, que dieron origen a las investigaciones.

Por su parte, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, también de la PGR, informó a los familiares que se les otorgará calidad de víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para garantizar una representación efectiva en la materia, y se solicitó la implementación de medidas de protección que garanticen su seguridad.

También, se ordenó una investigación pormenorizada a Policía Federal Ministerial, con el fin de obtener mayores datos de los hechos y fincar responsabilidades penales, con lo que se logrará recabar diversos datos de investigación que han sido integrados a las carpetas de investigación.

“En este momento, se tiene presencia permanente en el Estado de Tamaulipas, de personal experto de la fiscalía especializada, policías federales ministeriales y analistas, para dar seguimiento a los planes de investigación”, se precisó.

Por su parte, la Secretaría de Marina – Armada de México, ha dado cumplimiento a las medidas cautelares recomendadas, desde los aspectos referentes al personal hasta las cuestiones de refuerzo en materia de capacitación.

La Secretaría de Gobernación se realizó una búsqueda diligente y efectiva de las personas desaparecidas, con la participación de las y los familiares de dichas personas, al tiempo en que se efectuó una investigación exhaustiva  imparcial de los hechos referidos, con salvaguarda del material probatorio existente.

“Para garantizar a testigos y denunciantes, así como a sus familias, y a las personas defensoras de derechos humanos, condiciones adecuadas de protección, se ordenó abstenerse de realizar actos de molestia que carezcan de motivo y fundamento u orden de autoridad competente”, refirió la Segob.

Finalmente, puntualizó que el gobierno de la República y la Oficina del Alto Comisionado acordaron establecer mesas de trabajo para reunirse periódicamente a fin de revisar la información y datos de prueba en cada uno de los casos para fortalecer las investigaciones, así como desarrollar una estrategia de búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares, además de dar seguridad a los posibles testigos de los hechos. 

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