México vive una situación de violencia extrema, inseguridad e impunidad que afecta también a la población joven. Y si bien el Estado ha tomado medidas para hacer frente a esta situación, como reforzar sus leyes en materia de protección a los derechos humanos, existe una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas, exhibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el informe “Violencia, niñez y crimen organizado”, la CIDH, órgano descentralizado de la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.

Sobre la situación que vive la población joven mexicana, la relatora de la CIDH sobre los Derechos de la Niñez, Esmeralda Arosemena de Troitiño, explicó en entrevista que, al igual que en otros países de la región , el crimen organizado tiene un impacto en la vida de muchos pueblos.

Abordada en el marco de la Reunión Interamericana contra el Castigo Corporal hacia la Niñez y Adolescencia, que tuvo lugar en la Ciudad de México, Esmeralda Arosemena de Troitiño expuso que la criminalidad común surge en lugares donde el Estado se encuentra ausente (falta de servicios básicos, posibilidades de educación o pobreza estructural).

La relatora de la CIDH  expuso que cuando la criminalidad deja de ser común y se convierte en una actividad de tan alto valor que, incluso, llega a superar el poder del Estado, sus tentáculos llegan a las propias autoridades.

Pero, “¿por qué a estos grupos de jóvenes?”, se cuestionó la relatora. Explicó que tanto México como Honduras o Guatemala están clasificados como los territorios más violentos a nivel mundial, donde las tasas de homicidios entre jóvenes son muy altas.

Agregó que las políticas públicas para la población menor de edad se centran en programas para la primera infancia, de uno a seis años, en la que se promueve su pleno desarrollo, sin embargo, cuando alcanzan los 10 o 12 años de edad, “viven esa pobreza, exclusión, discriminación, falta de respuestas, falta de educación, falta de los servicios básicos y falta de seguridad humana, que tienen que resolverla de alguna manera y entonces es cuando entra el crimen organizado y los convierten en sus ejércitos”.

Ejércitos, prosiguió, que les cuesta poco mantener sin importancia para ellos y que son piezas colocadas en las principales y más crueles acciones.

Ante ello, la respuesta de los estados en la región suele ser reactiva, más que preguntarse los motivos que llevaron al joven a enrolarse en el crimen organizado.

La relatora de la CIDH agregó que además de verse envueltos, los niños y adolescentes también son atacados tras amenazas de asesinar a sus familiares, de no unirse a sus actividades.

Toda esta situación, detalló Esmeralda Arosemena de Troitiño, obliga a la sociedad a reflexionar cómo vive, en particular en torno a la corrupción y la impunidad.

Sobre los avances legales que existen para proteger a los menores de edad y jóvenes —como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes—, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos Pais, expresó que las normas son importantes porque transmiten un mensaje muy claro de que no es admisible utilizar la violencia en contra de los niños en ninguna situación.

Sin embargo, “las leyes por sí solas no hacen la diferencia”. Por ello, agregó, es fundamental una agenda de implementación, tener presupuesto, capacitación de todos los actores que puedan hacer la diferencia. Ello, señaló, ayudará a prevenir y responder a las situaciones de violencia.

“La ley ayuda a que la responsabilidad de los que son agresores pueda ser identificada, que las víctimas puedan ser defendidas en su honor, imagen y derechos y que se pueda garantizar los servicios  necesarios para que los niños que sobreviven situaciones de violencia puedan recuperar y mirar el futuro con confianza, creciendo como ciudadanos sin miedo, sin inseguridad y construyendo la sociedad de inclusión que queremos en todos los lugares”, señaló Santos Pais.

Así, México tendrá que seguir consolidando el sistema integral para la garantía de derechos de la infancia y la adolescencia a nivel de todos los municipios, y la inversión presupuestaria es fundamental para la implementación, recomendó.

La especialista de la ONU afirmó que “sería un indicador muy importante” que el país de manera transparente muestre que  está utilizando todas las herramientas necesarias para que la violencia no persista, como en los casos del asesinato de tres jóvenes cineastas en Jalisco y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.