La organización México Unido contra la Delincuencia ganó el primer juicio de amparo en contra del acuerdo presidencial, publicado el 11 de mayo pasado, con el que el gobierno busca hacer uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera permanente, sin garantizar que su intervención sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, de acuerdo con la misma ONG.

En la sentencia del juicio de amparo promovida por la organización, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, determinó que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional, ya que el Ejecutivo no observó debidamente las condiciones que marca la ley sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior cuando son tiempos de paz.

“En ese sentido y conforme a lo expuesto a lo largo de esta sentencia, es posible concluir que el acuerdo reclamado es contrario al orden constitucional y que, en consecuencia, debe ser invalidado para la parte quejosa.

“Como se ha dicho, las condiciones de validez para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad interior en tiempo de paz son las que a continuación se mencionan y que no fueron debidamente observadas por la responsable con la emisión de la norma reclamada”, plasma la resolución del juez.

Por lo anterior, se indicó que dicho ordenamiento presidencial, además de violar la Constitución, también es contrario a los fallos de la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema.

En conclusión, el juez señaló que las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad en tiempos de paz son, por ejemplo:

La existencia de una autorización previa por mandamiento escrito del presidente constitucional que funde y motive su intervención y la actualización de la existencia de circunstancias excepcionales.

El juez consideró que el Ejecutivo no justificó adecuadamente el uso en tareas policiales del Ejército, ni garantizó controles suficientes para limitar su actuar y proteger a la ciudadanía.

“No se advierte la justificación ni la motivación debidas para legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, este análisis se debió a que el presidente se limitó, en la parte considerativa, a señalar que la Guardia Nacional se encuentra en proceso de conformación. No obstante, para el juzgado dicho argumento “no resulta suficiente para la toma de una decisión tan relevante”.

maritza.perez@eleconomista.mx