A cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la verdad y la justicia no llegan a las víctimas. La administración de Enrique Peña Nieto ha sostenido hasta ahora la “verdad histórica”, a pesar de que organismos internacionales demostraron la imposibilidad de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

La nueva coyuntura política tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador abre para los padres y madres de los jóvenes una “esperanza” en que en la investigación tome otro rumbo y se pueda saber qué pasó con los normalistas.

Una buena señal, consideró Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), es la disposición del presidente electo y su equipo para escuchar a las víctimas, de ahí que el encuentro que sostendrán hoy en el Museo Memoria y Tolerancia genera expectativas en las familias sobre los compromisos que se asumirán para avanzar en las investigaciones.

“Eso tiene que ver con tener, en esa reunión, un compromiso del presidente electo, como la profundización de la asistencia técnica internacional en investigación”, dijo en entrevista.

Refirió además que la alternancia en el ejecutivo federal los coloca “más cerca de la verdad”.

Aguirre dijo que el 2018 ha tenido momentos relevantes para el caso, pues la ONU en su último informe acreditó la presencia de tortura, se confirmó la existencia de comunicación trasnacional entre Iguala y Chicago la noche de los hechos, lo que abre una línea de investigación que tiene que agotarse.

“Lo más importante que ha ocurrido es la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que estimó que había irregularidades en la investigación y ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”, señaló.

Sin embargo, además, la sentencia para crear el órgano colegiado con participación de los familiares, la CNDH y la posibilidad de incluir organismos internacionales, los magistrados ordenaron la reposición del procedimiento, lo que podría originar que algunos de los señalados como partícipes en esa noche, aunque no inmediatamente, alcancen la libertad.

Los familiares, indicó Aguirre, desde luego que advierten el riesgo de que personas que puedan tener información relevante sobre el caso se sustraigan de la acción de la justicia, pero al mismo tiempo son muy enfáticas de que sí se tiene que revisar el expediente de alguna de las personas y eso genera que no prosiga la acusación penal que se ha presentado en su contra, pues esto es consecuencia de las irregularidades cometidas por la PGR, no de la sentencia del Tribunal.

Precisó que aunque el gobierno federal ha señalado que existen más de 130 personas detenidas por el caso, “esa numeralia resulta un tanto tendenciosa”, pues incluye a presuntos integrantes de Guerreros Unidos detenidos después del 26 de septiembre.

Mientras que el Centro Prodh ha contabilizado que sólo a 65 se les acusa por delitos cometidos en contra de los 43 estudiantes.

“Hoy por hoy, en las acusaciones que conocen los tribunales están presentados como delitos de secuestro, no hay ninguna acusación de desaparición forzada, como debería en realidad haberse formalizado”, dijo.

Mucho menos, expuso, hay ninguna acusación por homicidio, que es digamos, en congruencia con lo que PGR ha sostenido, lo que debería suceder. Estamos en una situación jurídica muy cuestionable.

Pendientes, de acuerdo con la CIDH

  • Una correcta tipificación de los delitos.
  • Atender las líneas de investigación que apuntan a la participación de militares y funcionarios de Guerrero.
  • No se ha profundizado en la línea que corresponde a la actividad que tuvieron las líneas telefónicas de los normalistas horas después de su desaparición.
  • No se han generado nuevas responsabilidades y acusaciones contra funcionarios públicos pese a que hay indicios de su participación.
  • Investigar los hechos de tortura sobre diferentes imputados por el caso.
  • No se ha investigado la destrucción de evidencia, en especial balística, por autoridades.
  • Se insiste aún en la llamada “verdad histórica” sobre la incineración de los estudiantes en un basurero pese a que no hay evidencias científicas claras de ello.

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