Empresarios y las propias autoridades locales alertan que grupos de la delincuencia organizada han incrementado el delito de despojo de bienes en su modalidad de invasión de predios, o bien, la extorsión (cobro de piso) por la posesión de una propiedad o un negocio.

De acuerdo con la base de datos abiertos de la incidencia delictiva estatal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de este año se han presentado 21,851 denuncias por el delito de despojo de la propiedad; y 4,881 denuncias por el delito de extorsión contra la propiedad, ambos delitos del fuero común. La mayoría de las denuncias se presentaron en Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

En el mismo periodo del 2018 se registraron 21,613 denuncias por el delito de despojo y 3,516 por extorsión contra el patrimonio.

Por un presunto acto de extorsión para la venta de drogas en el lugar, integrantes de la delincuencia provocaron el pasado 28 de agosto un incendio en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz; 30 personas fallecieron.

Reconocen el hecho

El empresario guanajuatense Abraham González, dijo a El Economista conocer casos que han ocurrido en la entidad, y que van en aumento.

“Sí, hay casos, y yo creo que a lo largo y ancho del país tenemos problemas de esa naturaleza. Sin duda hay mayor cantidad de eventos donde está más violento el ambiente, de amenazas, no porque las hayamos sufrido de manera personal, pero de desalojo por la fuerza o violenta de predios.

“Creo que esa parte es tan peligrosa para las inversiones como el incremento que se ha dado en el robo de carga; es lo mismo, está siendo el ciudadano muy vulnerable ante esos actos de violencia que ya no son de la separación entre de poderes, sino que tenemos que responsabilizar a todas las autoridades de gobierno. La apuesta que se está haciendo es a la Guardia Nacional, y esperamos que tengamos solución a estos problemas que se están dando de (manera) muy significativa”, alertó.

El pasado 8 de septiembre, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló que la delincuencia organizada ha cometido invasión de predios en la entidad.

“En mi gobierno no vamos a permitir ilegalidades, no vamos a permitir invasiones a terrenos privados; eso no es posible porque eso ahuyenta la inversión extranjera, eso limita la inversión de los ganaderos y de los agricultores que tanto esfuerzo le han metido al campo tamaulipeco.

“Y sé que andan unos por ahí que se han pasado de listos, presidente, incitadores de violencia que se han dedicado a engañar al pueblo y decirles que quieren otorgar tierras que no son de ellos. Ésas son prácticas del pasado, de un pasado que ya no queremos ni siquiera acordarnos. Aquí todo apegado a derecho”, contó.

En la Ciudad de México, el pasado 2 de julio, la activista social María Cristina Vázquez Chavarría —de 50 años— fue asesinada en su domicilio de la colonia Condesa. Formaba parte del Comité Vecinal de colonia y había denunciado la invasión por parte de personas ajenas al lugar, así como irregularidades en la construcción de una torre de 15 niveles en la calle Baja California 370, inmueble vecino al que ella habitaba.

En la capital del país, como lo muestran las denuncias, no es un hecho aislado. También comerciantes de la Central de Abasto en la alcaldía Iztapalapa, y del popular mercado de La Merced, en Venustiano Carranza, han denunciado el cobro de piso por la venta de sus productos.

Los mismos locatarios denuncian que los extorsionadores se identifican con el grupo delictivo Unión Tepito. El 11 de septiembre pasado, los comerciantes realizaron una manifestación en Palacio Nacional, para demandar la atención a esa problemática por parte del gobierno federal y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

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