Si partidos dispusieran de los recursos que les entregaron para fines electorales y los destinaran a cualquier otro objetivo, estarían actuando de manera anticonstitucional, declaró Diego Valadés, constitucionalista de la UNAM.

De concretarse la iniciativa de ceder las prerrogativas, se iría en contra de tres principios: “Uno, que las elecciones tienen que llevarse a cabo en condiciones de equidad; dos, que los partidos son entidades de interés público; y tres, el hecho de que la propia Constitución determina las condiciones del financiamiento de los partidos”.

Valadés refirió que cuando los partidos rindan cuentas para objetivos que no están en la ley, en consecuencia, el INE tendría que sancionarlos.

Agregó que, aunque esté corriendo el proceso electoral, se podrían reformar el 
Artículo 105 y el Artículo 41 —el que consigna la fórmula de financiamiento—; no obstante, a su parecer estas modificaciones podrían acarrear incertidumbre en la próxima elección y dudas sobre sus resultados.

“Jurídicamente cualquier cambio es posible, no deseable, pero es posible”, señaló en su participación en el Foro Financiamiento Público Cero. ¿Es posible hacer política democrática sin dinero?, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El académico dijo que eliminar financiamiento público implicaría segregar a la población pobre, dado que son los grandes capitales el primer objetivo en orden de financiar campañas y esto daría lugar a un sistema basado estrictamente en que los compromisos acarreados entre los institutos políticos y sus financiadores sea mayor.

Por otro lado calificó de “muy antidemocrática” la propuesta de Pedro Kumamoto, legislador de Jalisco, de atar el número de votos al financiamiento que se recibe, pues condiciona y con ello sacrifica la participación.

Los académicos coincidieron en que el financiamiento público debe prevalecer, lo que no podría continuar es el monto para el 2018, de 6,788 millones de pesos. Entre las propuestas presentadas sobre este tema está que la fórmula se baje de la Constitución o que se modifiquen las variables que determinan el volumen de la bolsa electoral.

Asimismo, destacaron que un problema más es que el modelo de fiscalización ha sido rebasado a la hora de implementarse y no es realista.