La Cámara de Diputados aprobó, en comisiones, la reforma constitucional que reduciría a la mitad el financiamiento público asignado a los partidos políticos con registro nacional; el dictamen se someterá a discusión y votación por parte del pleno cameral la próxima semana.

El cambio al Artículo 41 constitucional fue avalado, en reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, solamente por 17 legisladores de los grupos parlamentarios de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la fuerza política mayoritaria, y Encuentro Social (PES); 14 panistas, priistas, perredistas, emecistas y hasta los pevemistas y petistas, que son los aliados del régimen, sufragaron en contra.

Ello implica que la aprobación del decreto correspondiente no está garantizada en la Cámara Baja porque, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de su votación; es decir, de encontrarse en el recinto legislativo los 500 integrantes de la Cámara Baja se necesitaría el voto de 334 diputados federales a favor.

Los diputados federales de Morena y PES sólo suman 284; 258 son morenistas y 26 pesistas.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó destinar, en el 2020, 5,239 millones de pesos por concepto de financiamiento público a los siete partidos políticos nacionales con registro; la cifra es superior en 273 millones de pesos a lo asignado para el año en curso.

De aprobarse el cambio constitucional referido, primero por las cámaras de Diputados y de Senadores y luego por al menos 17 congresos locales, la enmienda constitucional establecerá que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos “se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral” por 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), antes salario mínimo diario.

La fracción segunda, inciso a), del referido artículo vigente precisa que el monto de dicho financiamiento público resultará de multiplicar el número de empadronados por 65% del valor de la UMA.

La distribución actual del financiamiento público no sufrirá modificación alguna: 30% del monto se seguirá distribuyendo entre los partidos políticos en forma igualitaria y 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados federales inmediata anterior.

Aprobado el cambio constitucional, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas contarían con un plazo no mayor de 60 días naturales, contabilizado a partir del día siguiente de su promulgación, para realizar las modificaciones normativas correspondientes, entre otras a la Ley General de Partidos Políticos.

“En conclusión, esta comisión dictaminadora considera que, con este modelo constitucional en materia de financiamiento de partidos políticos, se disminuyen los recursos de origen público para dichos institutos, se incentiva el uso racional de los recursos y la confianza ciudadana, consiguiendo un sistema electoral que se adecue más a la realidad económica de nuestro país”, cita la exposición de motivos.

Y que la enmienda tiene como finalidad generar ahorros al erario público.

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