Las suspensiones definitivas de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía concedidas por instancias judiciales son resoluciones que corroboran que en México nadie, ni nada está por encima, ni al margen de la Constitución, señaló el director de Litigio Estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gerardo Carrasco Chávez.

Sin embargo, aclaró que se tendrá que ir a fondo de los juicios y aportar todas las pruebas necesarias con el fin de que se ratifique la suspensión de la obra.

Explicó que, una vez obtenidas las suspensiones definitivas, el proceso judicial continúa, porque esas resoluciones pueden ser impugnadas por el gobierno a través del recurso de revisión. Por ello, el siguiente paso es defender las resoluciones ante tribunales colegiados, que será quienes resolverán si estuvieron bien dictadas o no por parte de los jueces que las concedieron. Seguiremos tratando de respaldarlo con material probatorio y, por otro lado, las autoridades tendrán derecho a defenderse.

En entrevista, el abogado destacó que lo importante es que la última palabra la tiene el Poder Judicial de la Federación porque (los jueces federales) son los últimos garantes de los derechos humanos.

“Ellos decidirán si efectivamente esta visión de cancelar Texcoco y por otro lado construir un aeropuerto sin permisos o estudios suficientes violan o no derechos humanos”.

El especialista se mostró confiado en que una vez aportadas las pruebas necesarias se mantenga la decisión de suspender la obra debido a que el gobierno no ha cumplido con la normatividad que exigen proyectos de esas dimensiones.

Asimismo, indicó que ahora los jueces están tomando mucho más en cuenta los derechos de las personas que pueden resultar afectados por decisiones de la autoridad.

Destacó que “antes era impensable que un grupo reducido de ciudadanos pudiera frenar una obra pública, porque la concepción en materia de amparo era que si el proyecto de infraestructura se estaba realizando por el gobierno y éste, se supone, atendía un interés general, pues, sin pensarlo, se te negaba una medida cautelar; sin embargo, hoy en día, los jueces entran mucho más a un análisis minucioso para ver si hay afectación por parte de grupos vulnerables o grupos desprotegidos a los cuales se les tomó en cuenta para realizar o no un proyecto de infraestructura”.

Estas suspensiones definitivas que han otorgado los jueces de circuito atienden a estos nuevos criterios y le dan mucho más alcance a ciertos términos jurídicos los cuales antes no se tomaban en cuenta, como los conceptos de interés legítimo. Por ejemplo, el principio de precaución en materia ambiental, los principios que tratan de proteger el derecho a la vida y a la integridad de las personas por la inminente construcción de un aeropuerto sin estudios en materia de seguridad aérea, explicó.

Con independencia del hecho específico de que los jueces estén ordenando que se suspenda una obra que aún no cuenta con los estudios suficientes también genera un precedente importante, porque quiere decir que los ciudadanos ya podemos ejercer nuestros derechos como nuestra obligación de vigilar la función pública y, por lo tanto, podemos acudir a las cortes a exigir que se respeten nuestros derechos y el derecho y los nuevos criterios de derechos humanos permiten que las autoridades judiciales actúen en consecuencia para tutelarlos.

Recursos y estatus jurídico

El funcionario de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad explicó que hasta el momento se han promovido 147 amparos ante juzgados de la Ciudad de México, así como de los Estados de México, Jalisco, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Quintana Roo y Morelos.

Explicó que el hecho de que se promovieran ese número de juicios de amparos ante distintos juzgados en esas entidades del país obedece a una estrategia que atiende a la probabilidad: entre más jueces conozcan de estos asuntos, mayor probabilidad de encontrar un criterio que coincida con sus argumentos.

“Es mucho más probable tener una resolución favorable si lo presentas en dos juzgados que si lo presentas en uno. Es mera probabilidad. Ése fue el razonamiento de nosotros”.

En casi todos los asuntos, los jueces radicados fuera de la Ciudad de México y el Estado de México consideraron que no son competentes y, por lo tanto, se enviaron los expedientes a esas dos entidades federativas.

Hasta la semana pasada habían obtenido nueve resoluciones de suspensión: cuatro suspensiones definitivas y cinco suspensiones provisionales. Sin embargo, dos de las suspensiones provisionales quedaron ya sin efectos porque los jueces de distrito han negado la suspensión en definitiva.

Ante las suspensiones provisionales que fueron negadas, de inmediato se recurrió al recurso de queja y tribunales colegiados concedieron suspensión provisional, sin embargo, esa resolución depende de lo que resuelve el juez en suspensión definitiva después de una audiencia incidental.

Por eso, de cinco suspensiones provisionales todavía quedan tres porque dos ya fueron negados en definitiva.

Al final, hasta la semana pasada había siete suspensiones vigentes todavía: cuatro provisionales y tres definitivas.

Dijo que lo importante es que sigue vigente la obligación del gobierno de suspender el proyecto de Santa Lucía y sigue encontrándose vigente la obligación del gobierno, no solamente de no destruir o no inundar Texcoco, sino ahora también de generar acciones para conservar los avances de las obras en Texcoco.

Explicó que es irrelevante el hecho de que se hayan negado algunas suspensiones, porque con una suspensión definitiva positiva tienes para que el gobierno tenga que resolverla.

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