La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respaldó la labor del defensor de los derechos fundamentales, Raymundo Ramos, luego de ser víctima de “críticas, señalamientos y amenazas” tras su labor en la búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Los señalamientos e intentos de criminalización buscan desviar la atención de lo verdaderamente preocupante: la desaparición de personas en distintas regiones del país, muchas veces atribuida a corporaciones de seguridad del estado”, dijo.

Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha dado cuenta de al menos 30 casos de personas desaparecidas en este municipio de enero a mayo de este año, y en alguno de ellos se ha señalado la presunta participación de elementos de la Secretaría de Marina.

El organismo nacional refirió que los ataques buscan asociar la defensa de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares con la protección de delincuentes, y en algunos casos vinculándolos directamente con la delincuencia organizada.

“Estas acciones intimidatorias se han incrementado en los últimos días e incluso han incluido a servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, particularmente a Karla Irasema Quintana Osuna, directora general de la Asesoría Jurídica Federal de dicha institución”, refirió.

El respaldo de la CNDH se extendió a los servidores públicos quienes desde distintas instancias están “comprometidos con las mejores causas de la democracia y los derechos humanos”.

Prioridad, tema desaparecidos

La administración del virtual presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe adoptar como prioridad el combate a la desaparición de personas, además de volver efectiva la implementación de la ley en la materia, consideró Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“El próximo gobierno federal debe combatir la desaparición de personas como una prioridad, todas las desapariciones, desde aquellas que se remontan a la denominada Guerra Sucia hasta las más recientes. Saludamos los anuncios que así lo señalan”, dijo.

Durante su participación en la presentación de un libro sobre desaparecidos en México, destacó que la implementación de la ley general en la materia, deben ser la dirección para finalizar con la problemática.

Jarab explicó que en la aplicación de la normativa debe además garantizarse la participación “efectiva, real y constante de las familias” de las víctimas, adoptar un plan de implementación que ordene la instrumentación de la ley, así como destinar recursos suficientes.

El reto, detalló, no es solamente de la federación, los estados, los municipios son también sujetos de la ley y es indispensable que en esos ámbitos de gobierno también se reconozca el problema, su trágica incidencia y el dolor causado, se abran espacios de participación para las familias y se combata la desaparición de personas con la urgencia que supone.