Durante la segunda mesa del Parlamento abierto para el dictamen de la ley para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, organizaciones sociales y especialistas señalaron fallas para lograr el cumplimiento de la ley vigente y en el mecanismo que garantiza la protección a estos grupos.

El oficial de Área de Investigación e Incidencia de la Organización Propuesta Cívica, Andrés Hurtado Cardozo, reconoció que actualmente el mecanismo federal para periodistas y defensores operado por la Secretaría de Gobernación se enfoca exclusivamente en la creación de planes de protección, aprobación de análisis de riesgo y seguimiento de medidas, más no en la generación de otras acciones como planificar propuestas de políticas públicas y reformas a las leyes.

Asimismo, señaló que en los estados se ha contabilizado la existencia de 15 normas distintas para la protección de periodistas y defensores. Sin embargo, no están implementadas de manera correcta.

Por su parte, el presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas de la Ciudad de México, Gerardo de Jesús Albarrán, acusó que lo que se ha implementado es un esquema de simulación para garantizar la protección.

Sostuvo que las principales deficiencias para el correcto funcionamiento del mecanismo es la descoordinación y la falta de voluntad de las autoridades de todos los niveles de gobierno para su correcta práctica, así como las limitaciones en la investigación judicial y el desinterés de activar las herramientas de protección.

Entrevistado por El Economista, el oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, Sebastián Salamanca, quien ha participado en los diálogos, expresó que no existe una apertura por parte del Congreso de la Unión, salvo algunos legisladores que escuchan las propuestas de organizaciones sociales para la creación del dictamen de ley, pero consideró que “el tema de protección está muy abajito de la agenda legislativa”.

Salamanca advirtió que el reto principal es que el mecanismo de protección para defensores y periodistas cuente con los recursos suficientes para garantizar la atención de los solicitantes.

“Es un mecanismo que está desfinanciado y no es efectivo. Además, no genera confianza. Por lo tanto, no tiene legitimidad en la población, y por último no tiene peso político, con lo cual no puede trabajar de manera idónea”.

En ese sentido, el director del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, Rodrigo Santiago Juárez, consideró que se tiene una norma bien diseñada, pero es necesaria su verificación, y en especial dotar de los recursos suficientes para que se cumpla con la ley.

El integrante de la CNDH explicó que entre el 2017 y el 2018 el mecanismo requería de alrededor de 25 millones de pesos mensuales para operar, y gran parte de los recursos se destinaban al pago de escoltas, medidas de protección, cámaras de vigilancia y medidas de infraestructura en los domicilios de los beneficiarios, entre otras.

Aseveró que en estos dos años se tuvo un déficit de operación, por lo que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega de recursos extraordinarios, y enfatizó la importancia de asignar un presupuesto que desde el inicio contemple gastos extraordinarios.

Cabe señalar que el pasado 30 de abril se presentó la iniciativa de un proyecto de ley general para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual busca mejorar las garantías de seguridad de estos grupos. El dictamen se prevé que sea discutido en el próximo periodo legislativo, de septiembre.

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