El Estado mexicano admitió ante la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, en Ginebra, Suiza, que existe un contexto difícil especialmente para el acontecer nacional sobre ese tema y está bajo el escrutinio de la sociedad civil, por lo que esperarán el informe del Comité, que sería entregado en dos semanas, manifestó Juan Manuel Gómez Robledo.

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE se reunió con representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y algunos padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y después, en conferencia, aseguró que aunque no se adelantó nada de las recomendaciones que se harán, se anticipa que van a ser en torno a los pendientes y desafíos que tiene todavía México.

Entre ellos, en el ámbito legislativo y políticas públicas, que incluyen la aprobación de la ley general de desaparición forzada, pero agregó que el Congreso inició sesiones, tenemos que lograr esa reforma antes de que termine ésta Legislatura que concluye en junio, porque en julio habrá elecciones intermedias, por lo tanto tenemos que lograrlo en junio .

El diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expuso que a partir de ahí también hay que perfeccionar una serie de herramientas, que vimos en este encuentro, algunas todavía tienen debilidades e insuficiencias muy grandes, como el registro de los desaparecidos y los protocolos, los cuales se encuentran en continuo perfeccionamiento , porque involucra no a una sola institución federal, sino a varias.

Sobre el estado en que se encuentra el Registro Nacional de Desaparecidos, Gómez Robledo comentó que no iba a repetir lo que otros asistentes del gobierno mexicano hicieron, pero indicpó que: Lo hemos dicho una y otra vez, que en el estado actual no existe uno exclusivo de desapariciones forzadas, porque hay una mezcla de personas no localizadas y, obviamente, las ocurridas forzadamente, y hay que corregir .

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