El gobierno federal pretende “blindar” la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) mediante la colocación de un fideicomiso de inversión en infraestructura y energía (Fibra E) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), situación que encarecería la cancelación del proyecto, como lo propone Andrés Manuel López Obrador.

Así lo señaló Javier Jiménez Espriú, eventual Secretario de Comunicaciones y Transportes, en caso de que López obrador gane las elecciones presidenciales del 1 de julio.

“Esto lo hacen, este blindaje, con la idea de que, ante el monto de lo comprometido, se haga demasiado cara la cancelación del proyecto. Aún si el proyecto no resulta técnicamente conveniente o resultan desorbitados sus costos de construcción y mantenimiento”, afirmó.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Jiménez Espriú expuso que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) pretende colocar el 23 de abril la emisión de una Fibra E, en el mercado local, para financiar la construcción del nuevo aeródromo hasta el año 2020. Jiménez Espriú consideró que esa situación no sólo haría más costosa la cancelación del proyecto, sino que implicaría también la privatización de la obra.

“Resultaría preocupante que funcionarios públicos actuaran con la irresponsabilidad de, premeditadamente, hacer más cara la cancelación de un proyecto que puede no ser técnicamente viable. Resultaría preocupante que el GACM privatizar. Resultaría también muy preocupante el uso del sistema financiero del país, de la Bolsa Mexicana de Valores para cometer tal violación al deber de cuidado que tienen los funcionarios en relación con los dineros públicos”, sentenció.

“Este instrumento (Fibra E), aparentemente, también le otorgaría a sus tenedores derechos corporativos en el GACM, tal como si fueran accionistas. Estos tenedores, los que aportaron dinero para las Fibras E, tendrían derecho a nombrar dos miembros del Consejo de Administración de dicho Grupo Aeroportuario, derecho de veto en acciones importantes del grupo y tendrían acceso preferencial a una potencial colocación bursátil de las acciones del grupo. Es decir, cuando se inicie la privatización ya accionaria, ellos tendrían derecho a comprar acciones”, aseveró.

Javier Jiménez Espriú destacó que el Grupo Aeroportuario ha comprometido ya el 85% del costo total del proyecto, que son 13.3 millones de dólares, es decir, 250,000 millones de pesos, “el doble lo que lo que se dijo originalmente que costaría la primera etapa, que debió terminarse según el proyecto original en 2018 y tiene un retraso no menor de tres años. Lo que esto implica en costo adicional es terrible”.

Argumentó que el Grupo dispone actualmente 6,000 millones de dólares que adquirieron con bonos, “y que no se han utilizado por el retraso de las obras, (por eso) quieren hacer la operación blindaje”.

Por ello, Javier Jiménez Espriú pidió a las autoridades federales y del GACM que no realicen la colocación del instrumento financiero conocido como Fibra E.

“Exigimos al gobierno de México y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México el informar a los mexicanos, verdaderos dueños del patrimonio nacional, qué compromisos adquirirían, además de los estrictamente económicos y financieros, en beneficio de quienes participarán en el financiamiento con las Fibras E y en detrimento de la soberanía del Estado en un punto estratégico de la infraestructura nacional como es el aeropuerto más importante del país”, destacó.

Váyanse con calma, piden a empresarios

Por su parte, la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, llamó a los empresarios que invierten en la construcción del Nuevo Aeropuerto, que no se dejen engañar con la idea de que seguirá adelante la construcción de dicha obra.

“Que el día de mañana no se vayan a sorprender cuando les está diciendo Morena que se vayan con calma, que no puede privatizar una obra que no se ha concluido y que el gobierno mexicano y el Estado mexicano le ha metido dinero. Que después no se digan sorprendidos, que la Bolsa Mexicana de Valores tome sus debidas reservas, y actúe en consecuencia”, advirtió.

Javier Jiménez Espriú se preguntó: “¿por qué quieren firmarlo el 23 de marzo, cuál es la prisa? La única prisa es poner más obstáculos para hacer más complejo, más complicado y más caro; esa es una irresponsabilidad”.

Cuestionado sobre si esta situación haría prácticamente imposible al eventual gobierno de López Obrador cancelar el proyecto, Jiménez Espriú dijo: “esto no cancela, hace más complicado”.

“Este aeropuerto, si se construye, sería el verdadero socavón sexenal, por decirlo de alguna manera. Esto de ninguna manera le impide la posibilidad de cancelarlo”, añadió.

jmonroy@eleconomista.com.mx