A poco más de un mes de que termine la legislatura, en el Senado están detenidos decenas de nombramientos, entre ellos el de un magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), vacante desde septiembre del 2017.

A la par está el nombramiento del fiscal general, pendiente desde el 2014; así como el fiscal y los 18 magistrados en materia de combate a la corrupción, sin los que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) —que en letra entró en vigor el pasado 19 de julio— no puede operar al 100 por ciento.

También se acumulan 14 nombramientos de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además de seis magistrados en materia agraria.

Asimismo, se aproximan los relevos de las comisionadas Areli Cano y Ximena Puente en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); ambas funcionarias terminan su encargo el próximo 31 de marzo, cuando vence el periodo de cuatro años para el que fueron electas.

El jueves pasado, la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta dio cuenta de que, a partir de la convocatoria para ocupar esos dos cargos, recibió 34 solicitudes y que comenzará un periodo de entrevistas de evaluación con integrantes de la sociedad civil.

También está abierta la convocatoria para los nombramientos de consejeros ciudadanos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano e integrantes del Consejo Consultivo del INAI.

Mientras tanto, la convocatoria para elegir magistrada o magistrado para la Sala Especializada del TEPJF se emitió desde septiembre y la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió a tiempo las ternas correspondientes; no obstante, apenas la Comisión de Justicia envió el acuerdo a la Junta de Coordinación para que ésta dictamine y a la vez los suba al pleno.

Sobre los nombramientos que permitirían al SNA comenzar a operar de manera completa en esta legislación no han avanzado.

La petición de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA  ha sido que no se realicen nombramientos por “albazo”, mientras que las fuerzas políticas en el Senado consideran que no hay condiciones para los acuerdos que requieren tanto el nombramiento del fiscal general, como el que investigará los actos de corrupción.

En este marco, en la sesión del jueves pasado, el intento de votar el cambio de horario en Sinaloa dio cuenta de que no había cuórum para sesionar, por lo que la jornada legislativa se canceló. Esto, luego de que en dos semanas previas ningún dictamen subió al pleno para ser votado.

dora.villanueva@eleconomista.mx