Con un nuevo titular en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE), es poco probable que los errores y retrasos que vio la fiscalización en el 2017 no se repitan en el 2018, coinciden especialistas.

Marco Fernández, profesor de la escuela de gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, refirió en entrevista que el tema no sólo atiende a que en el INE puedan fiscalizar o rastrear parte del dinero que erogan los partidos, sino que el intercambio de información entre todas las dependencias involucradas, está acotada también por tiempos y procesos legales.

Explicó que no hay coordinación eficaz que permita investigaciones expeditas en la materia —primero con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores— por desafíos de manera legal; a la par de una deficiencia tecnológica y humana para integrar esta información.

“¿Cómo hacer un seguimiento eficaz de los pagos en efectivo? Hasta el propio SAT para poder detectar evasiones y elusiones fiscales en este punto en específico de las transacciones en efectivo es bastante ineficaz”, refirió.

Consideró que Lizandro Nuñez, nuevo titular de la UTF y que releva a Enrique Gurza, está al frente de un área que debe contabilizar con hoyos estructurales que escapan a las competencias del INE.

“En general, son limitaciones jurídicas las que complican la labor de fiscalización efectiva, a través del seguimiento financiero por parte de la UTF, esta parte que les pide un fundamento judicial para acceder a cierta información bancaria, que no pueden acceder porque se les niega la orden judicial porque los tribunales piden pruebas que sustenten la sospecha de los delitos que se están investigando”, explicó.

Así, dijo que los tiempos están acotados para que en efecto, el próximo año se pueda saber de dónde viene y a dónde va mucho del dinero que se moverá en los procesos electorales.

Por otro lado, Fernández consideró que la dificultad está en dar con el dinero en efectivo, pero también se hace un problema para castigar lo laxo de los partidos a la hora de reportar los criterios que se volvieron sentencia este 2017 en el Tribunal Electoral y que, por ende, son precedente para las elecciones del próximo año.

“El caso más emblemático es el de Coahuila, en donde el dinero que gastaron los partidos políticos a través de publicidad que contrataron a Facebook y a otras redes sociales (...) terminó no contabilizándose como parte de los gastos de campaña”, señaló.

Por otro lado, a consideración de Herbert Bettinger, abogado fiscalista; la UTF ya encabezada por Lizandro Nuñez, tiene poco tiempo para rastrear todo el dinero que ya está en marcha, y requiere incorporar gente proveniente del SAT, con experiencia en rastrear la trazabilidad del dinero.

“Todos sabemos que los partidos políticos aparte de que reciben muchísimo dinero, hay muchísimo dinero atrás, sano o no sano, reportado o no reportado, que afecta mucho a la economía nacional de una u otra forma (...) El problema que sí se muestra es que es poco tiempo y se necesita un equipo muy fuerte que sepa desempeñar bien su papel”, explicó.

Así, indicó que de cara al próximo año, la UTF debe contemplar tres ejes para maximizar su eficacia:

“Que los más de 6,000 millones de pesos se gasten en campañas políticas y con documentación correcta que reúna requisitos fiscales, la segunda que no se vaya a utilizar dinero que no está asignado para que no se vaya a lavar y que el dinero que venga de atrás, que no esté asignado a través del presupuesto, se sepa de dónde proviene, quién lo está aportando y por qué lo está aportando”, agregó.