Hasta el 2018, los órganos estatales de control, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las auditorías locales habían propiciado la apertura de 13,088 procedimientos de responsabilidades administrativas por irregularidades en el uso de recursos públicos o en el actuar de los mismos servidores en las entidades del país.

De acuerdo con el Informe del Sistema Nacional de Fiscalización del 2018, que fue presentado al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los órganos estatales de control en solitario o en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) mantenían iniciados 944 procedimientos de responsabilidades.

En tanto que por acción de la ASF y las auditorías estatales se mantenían abiertos 12,144 procedimientos de responsabilidades.

Hasta el 2018, derivado del resultado de las auditorías practicadas a las instituciones públicas a nivel local, había 2,110 solicitudes para iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas dentro de los órganos estatales de control.

Además permanecían pendientes de aplicar 938 procedimientos de responsabilidades administrativas en las mismas instancias locales.

Cabe recordar que una responsabilidad administrativa se abre contra un servidor público debido a que se tienen pruebas de que el funcionario durante su trabajo faltó a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad o eficiencia, según se precisa en la fracción III del Artículo 109 de la Constitución mexicana.

Por otra parte, son cuatro los estados que mantenían denuncias penales en proceso hasta el 2018.

Se trata de los estados de Guanajuato, con nueve denuncias; Nayarit con 14; Yucatán con dos, y Zacatecas, que destaca en la lista ya que se mantenían en el estado 103 denuncias penales derivadas de las auditorías generadas por el órgano fiscalizador estatal.

Entorno político, la amenaza

En el informe que se presentó recogió las opiniones de los órganos estatales de control, así como de las entidades superiores de fiscalización, que precisaron que se mantiene como un área de oportunidad el acercar los resultados y acciones del trabajo que realizan a la ciudadanía.

Además se considera como un área a mejorar la coordinación entre instituciones públicas sobre la rendición de cuentas y la transparencia, entre otras.

Sobre las amenazas que perciben de su trabajo los órganos estatales de control y las entidades superiores de fiscalización, señalaron al entorno político como la principal amenaza.

“Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) advierten el ambiente político del país, del Estado y los municipios, señalado por 47 integrantes; los cambios de los poderes en los estados, y el nivel de desarrollo social y económico de la entidad federativa, indicado por 31 integrantes”, se indicó.

En tanto, sobre su independencia financiera y presupuestal, de las 64 instituciones que conforman al SNF 50 indicaron que se enfrentan a restricciones, “mencionando como causa principal la aplicación de políticas de austeridad”.

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