Durante el sexenio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no sólo se perpetuará la pobreza, sino que se incrementará ante el embate económico de la pandemia de la Covid-19 y la falta de un programa emergente de recuperación, basado en un nuevo modelo de desarrollo, donde la preferencia por los pobres quede evidenciada en el presupuesto gubernamental, planteó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En el análisis “MX sin pobreza. Por un nuevo modelo de desarrollo para un auténtico régimen de bienestar” se expone que, sin recursos suficientes para financiarlo, el gobierno actual se ha limitado a jalar de un lado para otro la “cobija de los pobres” y administrar la pobreza con programas sociales que levantan dudas sobre la eficacia de sus beneficios por el peso de la sospecha de que están diseñados para el lucro electoral.

De acuerdo con esa organización de la sociedad civil, en México no hay recursos para dotar al sistema de salud de cobertura universal que garantice el acceso para   todos y reduzca el gasto de bolsillo, (cuyo monto es similar al gasto del gobierno en la salud pública), que los ciudadanos, particularmente los pobres hacen ante la ineficiencia e incapacidad del sistema de salud actual para atenderlos.

Además, la pandemia de la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha causado casi 100,000 muertes y afectó la salud de miles más, pero dejó también desempleo y más precariedad laboral, sobre todo entre mujeres y jóvenes.

Ante ese escenario, afirma que un primer paso es igualar la calidad del servicio entre las instituciones que atienden la salud de la población informal con las que reciben los derechohabientes del sector formal.

Según sus cálculos, igualar la calidad de los servicios entre el Insabi y el IMSS e ISSSTE costaría un punto del Producto Interno Bruto, sin embargo, la recaudación actual es insuficiente para disponer de recursos adicionales.

Lo cierto, recalca, es que el sistema de salud es actualmente incapaz e insuficiente para atender la pandemia de Covid-19 y el gobierno jala recursos del presupuesto etiquetado para atender enfermedades como cáncer, obesidad o diabetes o de la partida de infraestructura en salud para atender la pandemia.

Precariedad laboral, un lastre

Por otra parte, expone que en México el trabajo ha dejado de ser la puerta ideal para salir de la pobreza, al contrario, el mercado laboral es el que genera más población con ingreso insuficiente y sin seguridad social.

El gobierno deja a personas desempleadas y quienes trabajan por su cuenta sin ingresos, sin apoyo. Tampoco endurece su presencia política en el diseño de la recuperación del empleo, donde la precariedad existente se agravará con más desempleo y, sobre todo, con más trabajos sin seguridad ni protección social y con mayor exclusión de mujeres y jóvenes.

Lo grave, continúa, es que no se tomaron medidas oportunas para proteger el empleo, tampoco para entregar una transferencia temporal a quienes se quedaron sin ingresos y sin trabajo.

Además, los programas sociales no resultan suficientes pues atienden a estudiantes, personas con discapacidad y  adultos mayores que no están en la fuerza productiva del país y no sufrieron el impacto de la crisis.

Denuncia uso electorero de programas

En un apartado, el análisis hace hincapié en que el uso electorero de los programas sociales es un vicio del sistema político nacional, que lleva décadas y no parece ser combatido por el actual gobierno, sino reforzado al levantar un censo opaco de beneficiarios.

Refiere que la pobreza en el sur-sureste es parte de la terca realidad, pero crece en las zonas urbanas del país. Los estados de México, Veracruz y Chiapas son los que tienen mayor número de personas en pobreza. Ecatepec, Puebla, Iztapalapa, León y Tijuana son los municipios que figuran entre los primeros cinco con mayor pobreza.

En ese sentido indica que la austeridad y el combate a la corrupción, dos medidas exitosas, no complementan los recursos que el Estado necesita invertir para construir un auténtico régimen de bienestar donde los pobres tengan preferencia.

La organización propone que es necesario implementar un nuevo modelo de desarrollo basado en cinco pilares:

  1. Derecho al trabajo digno con remuneración suficiente.
  2. Educación de calidad e incluyente para todas las personas, con especial atención a las regiones y zonas con mayor necesidad.
  3. Cobertura universal a servicios de salud de calidad, desvinculada del régimen laboral.
  4. Sistema de cuidados para niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.
  5. Ingreso básico garantizado para personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas sin trabajo o con discapacidad.

Medidas urgentes contra la pobreza

También propone 10 medidas urgentes y de corto plazo para enfrentar la pobreza:

  1. Programa de Desarrollo Infantil Temprano, que prevenga la desnutrición y permita el desarrollo cerebral en los primeros 1000 días de vida.
  2. Mejora de la calidad educativa de las escuelas de educación inicial, básica y media superior en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas y ampliación de la oferta educativa para jóvenes, con opciones técnicas y tecnológicas vinculadas a las nuevas tendencias del trabajo.
  3. Beca para estudiantes por asignación universal a todos los hogares de bajos ingresos, para todos los niveles educativos, crecientes por nivel y mayor para mujeres a partir de secundaria.
  4. Programa de primer empleo para jóvenes con mayores desventajas, incluyendo una alternativa de segunda oportunidad para concluir el nivel medio superior en opciones enfocadas a la inclusión económica y el trabajo.
  5. Incremento gradual al salario mínimo, hasta que cubra al menos el costo de dos canastas básicas y sanciones e incentivos para erradicar el outsourcing ilegal, los contratos de protección y demás violación a derechos laborales.
  6. Fomento al cooperativismo y la economía social con fondos de inversión, crédito productivo y asistencia técnica y capacitación especializada y creación de modelos de asociación en macro-proyectos.
  7. Promoción de proyectos de economía sustentable y energías renovables para el cuidado de la riqueza natural y la biodiversidad.
  8. Ampliación de servicios de cuidado con estancias de desarrollo infantil, escuelas de tiempo completo y modelos innovadores para el cuidado de niños y personas con necesidad de cuidado.
  9. Cobertura universal de salud, con igual presupuesto y calidad de servicios, que posibilite desvincular la salud del régimen laboral y convertirla en derecho de las personas.
  10. Transferencias de ingreso básico garantizado a hogares cuyo ingreso sea menor a la línea de bienestar mediante un padrón único transparente e integrado en un registro unificado de pensiones, contribuciones e impuestos.

diego.badillo@eleconomista.mx

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