El diagnostico detrás de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción es preocupante porque no atiende las causas sistemáticas de ese tipo de prácticas, ni permite elaborar un programa que cierre las ventanas de oportunidad para la creación de redes y los contubernios que la hacen posible, plantea la académica María Amparo Casar.

En un ensayo titulado “¿Combate a la corrupción?” contenido en el libro “El naufragio de México. 16 ensayos sobre el futuro de México”, editado por Grijalbo, la cofundadora y presidenta ejecutiva de  la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, expone que las frases que dice el presidente López Obrador como “vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras”, son demagógicas y han estado acompañadas por la amalgama o confusión de la corrupción con la austeridad en el sector público y la eliminación de privilegios de una capa importante de los funcionarios.

Destacó que en el documento “Lineamientos generales del combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana”, publicado el 12 de julio de 2018, el presidente expone 50 medidas para combatir la corrupción, de las cuales 40 hacen referencia a recortes presupuestales, desaparición de privilegios, reducción de salarios y prestaciones.

Si se hace una revisión, agrega, sólo de los primeros seis meses de gestión de la actual administración, se pueden identificar pocas medidas integrales que tengan la posibilidad de combatir la corrupción y la impunidad con algún grado de efectividad.

Por otra parte, la doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge, menciona que la concentración del poder experimentada en México en el último año queda perfectamente reflejada en dos medidas de alto impacto, la primera es la concentración de las adquisiciones gubernamentales de mayor impacto (por ejemplo, medicamentos, libros de texto, vigilancia, materiales, útiles de oficina y servicios de limpieza) en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.

La investigadora menciona que algunas de las promesas de combate a la corrupción del presidente reflejan voluntarismo e ingenuidad y otras más son propuestas de concentración del poder bajo es supuesto de que si ciertas decisiones las controlan unos pocos, sería más fácil erradicar la corrupción.

La segunda medida es la entrega de los programas sociales a sus destinatarios “de manera directa, personalizada, sin intermediarios”. De nuevo, menciona Casar, la concentración.

Por esta razón, el compromiso de prohibir las adjudicaciones directas y someter a licitación abierta todas las adquisiciones y asignación de obras ha sido un fraude.

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